Al menos 1.200 familias y propietarios no podrán acceder a sus viviendas o locales en Valdebebas —al menos, por el momento— después de que el Ayuntamiento de Madrid haya paralizado temporalmente la concesión de licencias de obra, primera ocupación y actividad en este nuevo desarrollo situado en norte de la capital.

La decisión, adelantada este jueves por el diario El Mundo, es la respuesta del Consistorio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular el proyecto de reparcelación de la zona por no ser conforme a derecho.

La reparcelación formaba parte de la modificación exprés del planeamiento que la alcaldesa Ana Botella acometió en 2013 para solventar los defectos legales que afectaban a 21 desarrollos urbanísticos, Valdebebas entre ellos.

El Tribunal Supremo (TS) concluyó en 2012 que el Consistorio dio permisos de construcción en estas áreas sin justificar debidamente que los terrenos afectados, considerados hasta 1997 como no urbanizables y de especial protección, se hubieran convertido en suelo edificable.

La respuesta del Área de Urbanismo fue incluir las explicaciones exigidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y añadir un anexo que daba por buenos todos los proyectos de urbanización y reparcelación ya realizados. El TSJM, sin embargo, confirmó la semana pasada que no se puede otorgar validez retroactiva a estos trámites, lo que obligaría al equipo de Botella a repetir cada uno de ellos.

La sentencia permite que las partes implicadas soliciten la inaplicación de la sentencia, es decir, que aleguen que es imposible cumplirla porque Valdebebas es un núcleo consolidado (consta de 4.100 de las 12.500 viviendas previstas).

Fuentes municipales confirman que esa será su línea de defensa, por lo que hablan de un problema "temporal". En este contexto, la Asociación de Promotores no entiende que la concesión de licencias se haya detenido. "Nuestros informes jurídicos avalan que se sigan expidiendo en esta situación. Estamos en contacto permanente con Urbanismo y vamos a defender a los más de 1.200 propietarios y 4.000 personas que calculamos que están afectadas", subraya un portavoz. La Junta de Compensación eleva a 1.400 el número de compradores perjudicados.

Para Samuel Tejado, portavoz de UPyD en Hortaleza —uno de los dos distritos entre los que se reparte Valdebebas junto con Barajas— este proceso deja en evidencia el "desastre jurídico" acometido por el Ayuntamiento de Madrid: "Tiene difícil solución. Esto causa un perjuicio a los madrileños que querían trasladarse a vivir allí, pero también a los que ya residen, que tendrán que esperar más para tener los servicios públicos que necesitan".