La Fiscalía de Sevilla ha formulado ante el Juzgado de Instrucción número ocho un escrito en el que se opone a los seis recursos interpuestos contra el auto emitido por dicha instancia judicial, resolviendo elevar al Tribunal Supremo la investigación del contrato gracias al cual el actual concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo de Tomares, el popular Juan Campos, percibió retribuciones del Consistorio cuando no formaba parte de la Corporación local. Y es que median "indicios razonables" de que el alcalde y senador José Luis Sanz participase en los hechos.

Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del edil popular del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.

Las oposición denunciaba que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009.

Imputado eloy carmona

El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese su propia denuncia. Después, la juez imputó además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número ocho, a través de un auto fechado el 30 de abril y recogido por Europa Press, señala la "condición de aforado" del alcalde, José Luis Sanz, al ostentar un acta de senador por Andalucía, porque "procede estimar la incompetencia de este juzgado para continuar la instrucción y dirigir en su caso la imputación frente al mismo, por lo que procede acordar la remisión al Tribunal Supremo, órgano competente para ello".

Los informes

En este auto, la juez María de los Reyes Flores concreta que "los informes aportados por Campos ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas, pues se acredita la veracidad de la declaración de Bretones (técnico del Ayuntamiento), cuando afirma que Campos le pide que elabore informes para aportarlos, concluyendo el informe emitido por la Policía Científica que tales documentos fueron elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año, si bien no se ha podido localizar el ordenador con el que, en su caso, el señor Campos elaboró los informes que aporta".

"Los indicios nos permiten concluir que (los informes) son creados a tal fin y en tales fechas en el año 2013, pues incluso lo que resulta adverado en el informe policial es que las fotografías que los ilustran no fueron tomadas en las fechas indicadas, en los años 2007 y 2008, sino en fechas posteriores", señala el auto, según el cual "no se esclarece qué tareas realizaba (Campos) cada mes para sustentar las facturas que emitía".

Frente a este auto fueron formulados seis recursos, uno de ellos del propio Eloy Carmona, pero la Fiscalía se opone a todos ellos en un escrito recogido por Europa Press y en el que defiende que las imputaciones "obedecen al resultado de la investigación practicada, resultando indicios más que suficientes de la participación en los hechos de cada uno de los imputados". "El auto expresa los indicios razonables de participación de los imputados en los hechos y de la persona aforada que determina la inhibición al Supremo", dice la Fiscalía en referencia al alcalde y senador.