La Federación Andaluza de Libreros (FAL) ha reiterado su preocupación por las "frecuentes ventas ilegales" que se producen en el ámbito de algunos centros de enseñanza. El presidente de FAL, José Luis Jaime, ha manifestado que aunque la mayoría de los centros "cumplen" con los requisitos indicados en las Instrucciones del Programa de Gratuidad de la Junta, "es frecuente observar graves infracciones de forma reiterada por algunos centros de enseñanza, que ponen en peligro el buen funcionamiento del sistema de gratuidad, así como el buen nombre de los centros y padres de alumnos que actúan dentro de la legalidad".

La mecánica de esta ilegalidad consiste principalmente, según indica el representante de los libreros en un comunicado, en la retención de los cheque-libros por el centro, "acaparando y controlando esas ventas, desoyendo así lo indicado en las citadas Instrucciones, que señalan que se entregarán 'a los representantes legales del alumnado beneficiario y los libros de texto se obtendrán mediante la presentación, en la librería libremente elegida'".

Además, continúa, las Instrucciones de la Consejería de Educación también indican que "no está permitida la gestión de los cheque-libros por parte de Ampas, asociaciones, o los propios centros docentes que puedan obtener beneficios de algún tipo derivados de esta gestión destinados a un gasto distinto al Programa de Gratuidad".

Así, los libreros insisten en el "daño social" que estas acciones ilegales suponen, y que "no dañan sólo a la red de librerías sino a toda la sociedad, pues este tipo de operaciones fraudulentas eluden el pago de impuestos, al no disponer los centros de enseñanza o Ampas que las realizan de personal laboral dado de alta en Seguridad Social, ni de licencia fiscal que ampare la actividad comercial, ni por supuesto realiza las correspondiente declaraciones de IVA, etcétera".

Asimismo, la FAL recuerda que cuenta este año con el compromiso de la Consejería de Educación de comunicar a los servicios de Inspección este tipo de caso y actuar en consecuencia, por lo que "está poniendo en su conocimiento las numerosas denuncias recibidas; e igualmente presentará las oportunas denuncias ante la Agencia Tributaria".

Pero al margen de las acciones legales, Jaime elogia a todos aquellos centros y Ampas que realizan "debidamente" sus funciones y les anima "a no sucumbir ante las posibles propuestas claramente ilegales que algunas editoriales alientan, y se mantengan en el camino de la responsabilidad social, la legalidad y la corrección fiscal". En la misma línea, añade que "las asociaciones de editores deberían actuar con más contundencia para poner fin a las acciones de algunos de sus asociados, que fomentan estas ilegalidades para acaparar ventas, mediante el pago de comisiones, provocando o siendo conniventes con este tipo fraude fiscal".