El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha rechazado este miércoles cualquier tipo de inmovilismo ante los movimientos sociales que están surgiendo en la sociedad española y que responden "justamente" al planteamiento de quiebra del vínculo entre los ciudadanos y sus representantes políticos.

En su intervención en el Debate sobre Política General que se celebra este miércoles en las Cortes de Castilla y León, Herrera no ha ocultado los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo que, según sus palabras, contienen un mensaje que no se puede ignorar, y que son una muestra, a su juicio, de la "apatía", "desconfianza", "profundo descontento" e, incluso, "indignación" de los españoles con sus representantes.

Así y tras recordar que en el Debate del pasado año ya evidenció la "posible quiebra" de ese vínculo entre ciudadanos y políticos, Herrera ha insistido en que se trata de un riesgo que debe preocupar a todos, máxime ante la proliferación de algunos movimientos sociales que responden a ese planteamiento inicial y ante el que no cabe el inmovilismo, ha reiterado.

"El riesgo de ruptura del sistema actual de democracia representativa nos exige avanzar en cambios reales que mejoren la calidad de nuestro sistema democrático", ha sentenciado.

Herrera ha aprovechado la ocasión también para hacer una nueva defensa del actual modelo autonómico y de su "positiva contribución" a "la más larga etapa de convivencia y progreso" que ha conocido el país, por lo que ha defendido que se trata de una "fórmula válida" para organizar territorialmente el futuro de la nación.

Dicho esto, ha apostado por avanzar sobre lo ya hecho y por aprovechar todo lo bueno que tiene la experiencia vivida sin olvidar valorar "algunos logros" que, según sus palabras, son ya "patrimonio de todos", pero sin olvidar mejorar los errores y carencias acreditados en estos años.

Para ello, ha pedido agotar todas las posibilidades que ofrece el actual marco constitucional sin descartar tampoco la posibilidad de una reforma de la Carta Magna para lo que ha puesto dos requisitos, que los objetivos de esa reforma sean los que necesita la Constitución y que cuente con un respaldo político y social similar al que tuvo el actual texto.

Así, ha vuelto a reivindicar la revisión de las funciones del Senado como auténtica cámara territorial así como su mejor conexión con los gobiernos y parlamentos autonómicos con una delimitación más precisa de las competencias de los distintos niveles territoriales de gobierno.