La Consejería de Fomento y Vivienda ha defendido este martes que las viviendas protegidas han sido construidas con dinero público, "por lo que deben servir al fin para el que fueron construidas, que es garantizar el derecho a la vivienda de las familias que las solicitan a través de los registros municipales de demandantes".

De este modo, la Consejería ha señalado que continuará velando por que todas las viviendas protegidas estén habitadas y ofreciendo colaboración a todos los promotores públicos y privados con viviendas protegidas vacías para garantizarlo.

Así lo han señalado fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda después de que la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada haya considerado este martes un "atropello" que la Junta "amenace" al sector con sanciones por tener viviendas protegidas vacías en aplicación de la Ley de la Función Social de la Vivienda.

La Consejería ha recordado a la ACP que ha remitido un requerimiento a todos los promotores públicos y privados con viviendas protegidas vacías para conocer qué medidas están adoptando para garantizar su ocupación, "al tiempo que les ha ofrecido soluciones encaminadas a la consecución de este objetivo".

En el marco de esta iniciativa, la Consejería ha puesto a disposición de los promotores el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler (PIMA), puesto en marcha a finales del año pasado, para pasar al alquiler sus viviendas en venta. La Consejería ofrece también convenios con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que permitan incorporar las viviendas protegidas al programa de cesión de viviendas para el alquiler.

La Consejería ha señalado que de las 638 viviendas pendientes de adjudicación titularidad de la Junta de Andalucía que había en mayo del año pasado, ya ha entregado 520 en régimen de alquiler a precios adaptados a los demandantes inscritos en los registros municipales, tras introducir toda una batería de medidas para facilitar su adjudicación, entre ellas la eliminación del requisito de presentar aval y la rebaja de las rentas de arrendamiento.

"La Consejería ha ofrecido su colaboración a todos los promotores públicos y privados que acumulan viviendas protegidas vacías para agilizar la adjudicación de las mismas, tal y como ha hecho el Gobierno andaluz", añaden desde Fomento, que está recibiendo respuestas a dichos requerimientos y actualmente trabaja sobre las mismas.

La Consejería ha reclamado además "un mínimo de seriedad a la ACP en sus manifestaciones sobre el número de viviendas sin adjudicar de titularidad autonómica, asunto del que se ha informado reiteradamente en sede parlamentaria", advierte.

Por otra parte, la Consejería ha incidido en que desde 2011 ha pagado más de 30 millones de euros en ayudas a promotores para la construcción de viviendas protegidas en alquiler. En este mismo concepto, el Ministerio adeuda a Andalucía más de 40 millones de euros que no ha transferido, por lo que la Consejería lamenta que, "pese a que la Fiscalía ya ha desacreditado totalmente sus acusaciones archivando la denuncia por estos hechos, la ACP insista en afirmar que dichos fondos finalistas han sido transferidos".

Por último, la Junta ha hecho hincapié en que, al igual que ha hecho el Gobierno andaluz, todos los promotores de vivienda protegida pueden pasarlas de venta a alquiler o, en el caso de que estén en alquiler, adaptar sus rentas a las circunstancias de los demandantes, para agilizar su adjudicación y evitar así que estén deshabitadas.

De hecho, la Consejería considera que la adaptación de los requisitos de acceso a la vivienda a las circunstancias socioeconómicas de los demandantes "es la mejor forma de agilizar la adjudicación de las viviendas protegidas".