El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha presidido este martes la constitución del grupo de trabajo, formado por representantes del Gobierno autonómico, miembros de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y representantes del cuerpo de secretarios judiciales y de las organizaciones sindicales, que se encargará de elaborar el documento base para impulsar la puesta en marcha de una nueva oficina judicial en el Principado.

Desde el Gobierno asturiano han recordado este martes que la creación de las Nuevas Oficinas Judiciales responde a una nueva organización regulada por la Ley Orgánica que modifica la del Poder Judicial de 1985 y reestructura los juzgados y fiscalías.

Así, en virtud de esta norma, cada juzgado o tribunal dispondrá de un pequeño grupo de funcionarios, que constituye la unidad procesal de apoyo directo y, por otro lado, para los ubicados en el Palacio de Justicia de Gijón se disponen unos servicios comunes estructurados en secciones bajo la dirección y responsabilidad de secretarios.

El Gobierno asturiano ha preparado un borrador en el que se recogen los cambios que implicará la implantación de la nueva oficina judicial en este caso en Gijón, para los órganos situados en su Partido Judicial.

El grupo de trabajo que ha celebrado este martes su primer encuentro debatirá un texto con el propósito de elaborar un documento consensuado que sirva de guía para los cambios normativos que deben llevarse a cabo.

El documento definitivo se remitirá al Consejo General del Poder Judicial para que emita el preceptivo informe y, paralelamente, se enviará también al Ministerio de Justicia,

La puesta en marcha de la nueva oficina judicial tendrá un coste aproximado de 60.000 euros para financiar las retribuciones de los puestos de la estructura del órgano, concretamente los complementos de las direcciones de cada uno de los servicios comunes y de las secciones en las que se dividen.