La directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Monika Hernando, ha reconocido que el recurso contra el decreto de victimas policiales pone "potencialmente en duda" el trabajo realizado hasta ahora por la Comisión de Valoración, pero ha asegurado que seguirán trabajando para que los 56 casos ya reconocidos "no vean otra vez cuestionado su reconocimiento". "Vamos a seguir trabajando para que las víctimas no vean ahora que se da un paso atrás, con todo lo que ha costado dar el paso hacia adelante", ha insistido.

Hernando ha comparecido, a petición propia, en comisión parlamentaria para informar sobre el trabajo desarrollado por la Comisión de Valoración en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de "motivación política" vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Departamento de Justicia del Gobierno de Patxi López (PSE) aprobó en junio de 2012 este decreto para reconocer a las personas que sufrieron graves vulneraciones de derechos humanos a manos de agentes de policía y funcionarios públicos entre 1960 y 1978 en el contexto de la lucha contra ETA. Sin embargo, el Gobierno de Urkullu atendiendo a algunas de las demandas de la Comisión de Valoración de estos casos lo reformó el 16 de octubre de 2013 al considerar que los cambios introducidos vulneran la Ley de Memoria Histórica.

La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contra la reforma ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que vulnera la norma del año 2007 de Memoria Histórica, que reconoce derechos y establece medidas a favor de quienes que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y la legislación básica de la Seguridad Social.

Hernando ha subrayado la necesidad de trabajar "todos juntos" para que las víctimas "no vean otra vez cuestionado su reconocimiento" y ha explicado que el recurso no es suspensivo, por lo que el trabajo de la Comisión de valoración y del gobierno puede continuar. Sin embargo, ha reconocido que el trabajo no se va a desarrollar de la misma manera si este recurso no se hubiera presentado, ya que pone "potencialmente en duda" el trabajo realizado hasta ahora.

"Vamos a seguir trabajando y esperemos que se den las condiciones y que todos empujemos en el mismo sentido para que la Comisión pueda seguir trabajando, y para que las personas que han sido reconocidas, no vean ahora un paso atrás con todo lo que ha costado dar el paso hacia adelante", ha explicado.

Respeto "absoluto" a las víctimas

Al respecto, ha explicado que se han reunido con las víctimas afectadas y van a continuar con estos contactos para ser "transparentes" con ellos y "conozcan la verdad de lo que está ocurriendo". "Todo lo que hagamos contará con absoluta transparencia, principalmente con las víctimas, que merecen absoluto respeto para que sus derechos de verdad, justicia y reparación sean cumplidos después de tantos años", ha reiterado.

El médico y doctor en Psicología Social Carlos Martín Beristain y miembro de la Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos y Abusos Policiales, ha destacado que muchas de estas víctimas han sentido este reconocimiento como el primer acto reparador y cree que la "controversia política" alrededor de esto, "puede acabar cuestionando y dificultando el trabajo realizado, y convertirse en una victimización secundaria de las víctimas".

"Hay que limitar al máximo esto para que se pueda hacer en condiciones, por respeto a la gente con la que hemos trabajado que ya ha sido golpeada durante muchos años", ha indicado.

La jueza y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Manuela Carmena, que participa en calidad de experto en la Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos y Abusos Policiales, ha hecho referencia a este recurso para asegurar que los cambios son "cuatro cosas", lo que indica la "nimiedad que significa el recurso".

Según ha explicado, la Comisión se siente un poco "responsable" de este recurso porque fue este órgano quien, en sus dos años de trabajo, constató que no podía analizar las situaciones que les habían llegado con las incapacidades a las que se refería el decreto original, lo que les llevó en las distintas memorias a realizar una labor de evaluación de la norma, que ha calificado de "extraordinariamente positiva". "Detectamos que la norma necesitaba más matices, no que se extendiera, sino una adecuación o restricción a los supuestos concretos", ha explicado.

231 SOLICITUDES

La Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos creada al amparo del decreto ha recibido 231 solicitudes de las que 14 se presentaron fuera de plazo y se han realizado 119 entrevistas (12 en la anterior legislatura y 107 en la actual), de las que 33 se hicieron en Guipúzcoa, 28 en Vizcaya, 41 en Álava y cinco que residen en el resto del Estado (Navarra, Madrid, Badajoz y La Rioja).

Se han resuelto 63 expedientes, 16 en la legislatura anterior y 47 en la actual. De los resueltos en la legislatura del PNV, se han pagado las indemnizaciones a aproximadamente 30 personas.

De los 63 casos resueltos, se han reconocido 19 por fallecimiento, uno por incapacidad absoluta, 12 por incapacidad total, 8 por incapacidad parcial, 12 por lesiones permanentes no invalidantes, cuatro reconocimientos sin indemnización (dos ya indemnizados por la ley de memoria histórica) y se han desestimado siete casos.

El miembro de la Comisión de Valoración Álvaro Gil-Robles ha destacado que todos casos se han resuelto por unanimidad y ha defendido la decisión de la comisión de dar la opción a los solicitantes a dar su testimonio ante la misma. "Nuestra metodología de trabajo no es abordar cada caso solo con documentos administrativos, sino que buscamos el contacto directo entre comisión y solicitantes", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que han tenido que tratar asuntos con una antigüedad de casi 50 años, lo que implica dificultad a la hora de abordarlos y les ha llevado a recurrir a fuentes como el Archivo Histórico Militar, ya que muchos archivos médicos u hospitalarios han desaparecido.

Por ultimo, ha subrayado la necesidad de que la Comisión pueda terminar su trabajo con toda la "transparencia y responsabilidad" y resolver los casos de estas personas que "llevan 50 años esperando Justicia".