El Plan de Reducción de la Litigiosidad implantado por el Gobierno de Cantabria permite evitar o poner fin a unos 200 pleitos o juicios sin fundamento al año, lo que además de beneficiar al ciudadano afectado, implica una reducción de costes para el Ejecutivo.

Lo ha destacado este lunes la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del departamento que dirige en los últimos tres años, y en la que ha indicado que este Plan abarca todo tipo de materias, ya que está relacionado con diferentes cuestiones que acarrean "decenas" o "centenas" de recursos.

Así, para evitar pleitos "masivos", se realizan estudios previos, que llevan al Gobierno a desistir ante un determinado procedimiento o recurso cuando proceda, y no "mantener vivos" ciertos procesos judiciales que, al final, van a dar la razón al ciudadano.

Díaz ha explicado que para la puesta en marcha de esta iniciativa, pionera en la región (sus principios se empezaron a aplicar a comienzos de legislatura y el documento se firmó en octubre de 2011), el Gobierno no se ha "fijado tanto" en el ahorro que esta medida genera como en los beneficios que acarrea para los afectados y, también, para los letrados del Ejecutivo, al liberarles de trabajo.

A propósito de este asunto, y a preguntas sobre los costes derivados de indemnizaciones por despidos y EREs, la consejera ha respondido a los periodistas que se trata de casos "muy puntuales" dentro de empresas públicas, no en la Administración.

Y sobre las pagas extras, Díaz ha resaltado el "esfuerzo" realizado por todos los empleados públicos ante una situación "compleja", de crisis económica, así como el "esfuerzo" del Gobierno por llegar a acuerdos con los sindicatos.

En este sentido, ha señalado que en los próximos meses se prevé "dar buenas noticias" y "devolver" la parte que corresponde a los trabajadores, aunque ha precisado que es "muy prematuro" concretar datos al respecto, toda vez que aún se está estudiando esta cuestión.

Pionera en justicia gratuita y juzgado de preferentes

En otro orden de cosas, y dentro del ámbito de la Justicia, la titular de este departamento ha destacado que el Gobierno del PP ha abonado toda la deuda acumulada desde 2008 con el Colegio de Abogados y Procuradores, deuda que fue satisfecha el pasado mes de marzo con un último pago de 600.000 euros.

Así, Cantabria es "la primera" comunidad autónoma en "estar al día" en el pago de la justicia gratuita, ha enfatizado la consejera, que también ha subrayado que se ha incrementado el presupuesto de 2014 en este capítulo, para adecuarlo a la realidad de gasto. De este modo, se asegura el acceso a la justicia gratuita a los cántabros con rentas más bajas y, también, el pago de los honorarios de los profesionales.

Asimismo, la región ha sido la primera de España en crear un juzgado especial para atender los casos de participaciones preferentes y otros productos financieros tóxicos (con el refuerzo del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander), dando así "respuesta satisfactoria a una importante demanda social que afecta a miles de ciudadanos", ha apuntado la titular de Justicia.

En términos generales, Leticia Díaz ha subrayado que desde 2012 en Cantabria se resuelven más asuntos judiciales que los que se registran de entrada cada año. Así, pese a que la tasa de litigiosidad está pon encima de la media nacional, los niveles de pendencia de jueces y magistrados cántabros son de los más bajos del país.

A ello se suma la modernización de la Administración de Justicia, con la implantación del sistema de notificación y presentación telemática de escritos de trámite.

Mejora de la administración y la gestión pública

También se ha implantado la teletramitación en el conjunto de la Administración y se ha creado el Portal de transparencia del Gobierno, al tiempo que se ha acometido ya "el grueso" de la reordenación de sedes administrativas, proceso pendiente únicamente de "matices", y que está generando ahorros superiores a los 5 millones de euros.

Por su parte, el servicio de atención a la ciudadanía 012 ha multiplicado su actividad, incrementándose más de un 125% el número de llamadas. A ello se suma la entrada en funcionamiento del Registro Electrónico Común (REC), o el Plan de Reducción de la Litigiosidad.

La consejera también ha destacado la mejora del nuevo modelo de gestión pública, con un "profundo cambio estructural" en la gestión y control del gasto público, mediante la unidad de supervisión integral del gasto y la contratación centralizada.

De igual modo, se ha centralizado la informática, para optimizar recursos, y los principales servicios comunes a todas las consejerías (energía eléctrica, seguros, material de oficina, servicios postales, etc), lo que ha supuesto un ahorro cercano a los 11 millones de euros, según ha cifrado la consejera.

A esta cuantía hay que sumar el medio millón de euros que se prevé recaudar al año por la implantación de la unidad de seguimiento y control del cobro de costas procesales.

EMERGENCIAS,

Igualdad y juventud

En el capítulo de Emergencias y Protección Civil, Leticia Díaz ha indicado que se ha "garantizado la viabilidad" de la empresa 112, "levantándose la quiebra". Ha resaltado igualmente extremos como que desde 2011 y "por primera vez" se hayan auditado cuentas o licitado los concursos públicos.

También ha mencionado la financiación anual ajena para inversiones, medida pionera, o la nueva estructura operativa de los parques de emergencias, con la apertura de todos, durante "24 horas los 365 días del año".

Junto a todo lo anterior, se han llevado a cabo "infinidad" de acuerdos y actuaciones de coordinación con otros organismos implicados en la materia, se ha potenciado la formación y adquisición de materiales para las agrupaciones municipales de voluntarios, se han puesto en marcha planes de formación y se han mejorado las comunicaciones.

En Igualdad, la consejera ha asegurado que en tres años el Ejecutivo del PP ha "multiplicado por diez" la financiación pública de programas de igualdad, o ha incorporado el principio transversal de igualdad de oportunidades en las políticas públicas mediante un dictamen a aplicar en los programas europeos.

En este ámbito, el Gobierno -ha dicho la consejera- ha trabajado en la eliminación de la brecha digital, el reconocimiento del talento femenino o la licitación del servicio de información, asesoramiento y atención integral a las víctimas de la violencia de género.

Paralelamente, la Consejería de Presidencia y Justicia ha reorientado todas las políticas de juventud al problema "más acuciante" de los jóvenes, el acceso al mercado laboral, potenciando su formación o fomentando su creatividad, entre otras medidas.