La defensa del exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz ha presentado un recurso ante el Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, en el que solicita que "anule y deje sin efecto" el embargo "alegal en este momento procesal" de su pensión decretado a principios de julio a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 2.142.722,15 euros que le impuso la magistrada.

El escrito, registrado el pasado miércoles y al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige en concreto contra el decreto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dictaba el embargo de un vehículo marca Audi, de una vivienda y de las rentas o pensiones que, en concepto de prestaciones contributivas, perciba del Instituto Nacional de la Seguridad Social el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz.

La defensa de Díaz argumenta en primer lugar que el decreto de embargo "omite en sus fundamentos las retribuciones, rentas o pensiones que en concepto de prestaciones contributivas perciba del Instituto Nacional de la Seguridad Social", que además no se aplica en más de una docena de embargos dictados por el mismo Juzgado contra imputados en la causa con fianzas de responsabilidad civil de cuantías "en muchos casos muy superiores".

"violación mayúscula" del principio de igualdad

Por este motivo, considera que el Juzgado incurre en una "violación de una gravedad mayúscula" del principio de igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución, al tiempo que "priva" al exparlamentario socialista de la "tutela efectiva" y le provoca una "clara indefensión".

La defensa de Díaz también considera "fuera de lugar el momento procesal elegido para dictar el embargo" porque sostiene que la "coherencia jurídica impone el establecimiento de medidas de carácter real una vez que se procede a la apertura de juicio oral".

En este sentido, asegura que "no le ha sido posible encontrar un solo precedente en el que, anterior a sentencia, se decrete el embargo de las pensiones" que, a su juicio, constituye una "alegalidad en este momento procesal".

"celeridad" con embargos y "ralentización" con recursos

Junto a ello, expresa su "extrañeza por la celeridad que se imprime en este embargo" mientras permanece "en el limbo judicial" el recurso planteado contra la imputación de Ramón Díaz y reprocha al juzgado que "acuerde el embargo de una pensión, medida de cargas irreversibles y de perjuicios que sobrepasan el ámbito individual del imputado para asentarse en el ámbito familiar", mientras que "se ralentizan los escritos de descargo y los recursos contra resoluciones que perjudican".

Ramón Díaz compareció ante la magistrada el 11 de octubre de 2013 y se acogió a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que la Fiscalía Anticorrupción pidió que se le impusiera una fianza civil de dos millones de euros.

La juez, que le imputó tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, le impuso una fianza civil de 2,1 millones en un auto en el que cuantificaba en 457.041,61 euros el coste para la Junta de Andalucía por la inclusión de cinco 'intrusos' en Calderinox, Saldauto y A-Novo.

A todo ello suma la juez la cantidad de 450.000 euros por la subvención sociolaboral a la SAT Virgen del Espino, en la cual "participaría activamente" el imputado, quien "sabía que no era para una empresa de ocho trabajadores, pues tan sólo tenía dos y en realidad era pago de parte de las ayudas comprometidas".

La juez suma a todas estas cantidades otros 700.000 euros "por su contribución personal" a la negociación de los expedientes, "conociendo como sabía cómo y con qué deficiencias se tramitaban las subvenciones sociolaborales en los expedientes en que intervino, que fueron muchos", como Primayor, Saldauto, Calderinox, Faja Pirítica, Pickman o Nerva Croissant.

El imputado "conocía que alguna de estas entidades carecían de actividad y de trabajadores", como SAT Virgen del Espino, mientras que también "era consciente, según reconoció a la Guardia Civil, que nadie controlaba el destino dado a las ayudas, lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas, en la que el inculpado tendría por lo expuesto cierta participación".

El imputado defiende su inocencia

Tras la comparecencia ante Alaya, el abogado del imputado entregó a los periodistas un comunicado de prensa en el que defiende su "absoluta inocencia" en el caso, añadiendo que "existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación" en los hechos relacionados con este procedimiento.

A su juicio, "así lo especifica el informe enviado a la juez Alaya por la Junta de Andalucía, a requerimiento de la Fiscalía, en el que se dice que no tenía ninguna capacidad de decisión, por lo tanto ni podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba".

"Su alejamiento de la partida 31.L —más conocida como 'fondo de reptiles'— está acreditado a lo largo del sumario y continuará demostrándolo en los momentos procesales oportunos", concluye el comunicado.