Los 65 ayuntamientos que componen la Mancomunidad de Servicios de la Provincia (MAS) de Huelva van a disponer de 393.900 euros para poder atender las necesidades más perentorias en suministros básicos como el agua o la electricidad.

Así lo establece el nuevo Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad aprobado por la Junta de Andalucía, cuyas medidas van a permitir reforzar el compromiso social con el que la empresa pública Giahsa viene actuando para garantizar sus servicios a las personas que con mayor crudeza están sufriendo la crisis económica.

Según ha informado Giahsa en una nota, el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, y el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez Limón, han mantenido un encuentro con el fin de iniciar las labores de coordinación que permitan una aplicación "eficaz y lo más amplia posible" del nuevo decreto y, particularmente, del Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social.

El delegado ha explicado que serán los ayuntamientos los que soliciten su adhesión a esta medida extraordinaria, cuyas cuantías se establecen en función del número de personas desempleadas en cada municipio y oscilan entre 3.900 y 52.000 euros.

Estas prestaciones de urgencia social incluyen los suministros básicos de agua y luz y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas, o necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler.

Por parte de Giahsa, su director ha ofrecido toda la colaboración de la empresa para que los beneficios de este programa se extiendan a todos los rincones de la provincia permitiendo que los Ayuntamientos sufraguen con estas ayudas el recibo del agua de los hogares más necesitados.

Esta nueva línea se une al resto de medidas puestas en marcha por la empresa de la Mancomunidad en los últimos años, como bonificaciones para pensionistas, personas dependientes, familias con pocos ingresos y en desempleo, o la más reciente de no efectuar cortes de suministro cuando se produzcan situaciones de exclusión social extrema o desahucios hipotecarios.

"Desde lo público tenemos la vocación y el compromiso de servir a los ciudadanos, en especial a quienes necesitan una mayor protección, y en este caso vamos a hacerlo de la mano de la Junta de Andalucía y en coordinación con los ayuntamientos", ha explicado Domínguez Limón, que ha destacado la sensibilidad mostrada por el Gobierno Andaluz en materia social.

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