El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) ha confeccionado 40 denuncias administrativas al propietario de un centro de guarda y cría de perros ubicado en La Ribera (Burgos), por incumplir la normativa sobre bienestar animal, al mantener los perros en malas condiciones de alimentación e higiene.
La actuación se ha enmarcado en las actuaciones previstas en la Operación Can desarrollada en toda la Comunidad, para comprobar que la tenencia de estos animales se adecua a lo establecido en la normativa tanto estatal como autonómica, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
En una primera fase informativa se advertía a los propietarios o poseedores de perros que debían mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, proporcionándoles instalaciones adecuadas para su cobijo, alimentación y bebida, facilitando el ejercicio físico; también facilitarles los tratamientos sanitarios declarados obligatorios.
En presencia del propietario de las instalaciones, un hombre de 52 años, el Seprona de Huerta del Rey, con la colaboración y participación de Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León de la Sección de Agricultura y Ganadería de Aranda de Duero, llevó a cabo una inspección en uno de estos centros, bajo sospecha de que los animales se encontraran encerrados en instalaciones carentes de las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
El resultado fue el hallazgo de 41 perros dentro de la instalación, carentes todos de la obligatoria vacunación antirrábica, los cuales permanecían sin estar censados y en precarias condiciones higiénico-sanitarias.
Del total sólo 13 estaban identificados con microchip. Para seis de ellos, perros de raza potencialmente peligrosa, su dueño carecía de la Licencia que autoriza su posesión y del Certificado de Capacitación.
El propietario tampoco aportó la Licencia Ambiental de las instalaciones y el Registro de Núcleos Zoológicos al que debe estar adscrito, por carecer de ambos títulos.
La alimentación que aportaba a los animales eran vísceras crudas sin ningún tipo de tratamiento previo.
Las infracciones observadas han sido puestas en conocimiento del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y Léon.
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