El Banco de España ha pedido al Gobierno que revise la "amplia" batería de beneficios tributarios existente y que analice la alta evasión fiscal, ya que, en su opinión, pueden explicar la menor capacidad recaudatoria de impuestos de nivel similar o superior a la media de otros países europeos.

En su boletín anual, la entidad supervisora solicita al Ejecutivo que en su reforma fiscal tenga en cuenta estos aspectos.

También pide que se revise una estructura tributaria "sesgada" hacia la imposición directa y las cotizaciones sociales, "que resulta más perjudicial para el empleo y la competitividad".

Asimismo, incide en la necesidad de que los cambios impositivos que se introduzcan permitan, además de una mejora de la eficiencia del sistema tributario, que estos sean plenamente compatibles y contribuyan al proceso de consolidación presupuestaria.

También según el Banco de España, el diseño global de las políticas activas y pasivas de apoyo a los desempleados debería centrarse en aumentar la empleabilidad del colectivo de parados de larga duración, que al cierre de 2013 se situaba en el 60,7%.

El supervisor explica la "moderación salarial" observada en 2013 por el resultado de la negociación colectiva, que fijó los incrementos salariales en el 0,6 %, por debajo del 1 % alcanzado un año antes.

"Los salarios mostraron a lo largo de 2013 una respuesta más acorde con la situación coyuntural y reflejaron una moderación en los incrementos pactados y una menor indexación", señala el informe.

El Banco de España valora que el empleo mostró una progresiva mejoría a lo largo de 2013, hasta registrar un leve crecimiento en el último trimestre, por primera vez desde el inicio de la crisis.

En ese sentido, la institución destacó la importancia de profundizar en las medidas estructurales que afiancen la capacidad de crecimiento a largo plazo, mejoren la competitividad y faciliten los objetivos de estabilidad presupuestaria necesarios para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Banco de España indicó que las expectativas de inflación europea a largo plazo se alejan del 2%, mientras que para España muestran que es "muy probable" una inflación menor del 1% y que se reduce la posibilidad de que haya una caída de los precios superior al 1%.

En consecuencia, afirma que la inflación va a permanecer en niveles reducidos durante un periodo de tiempo prolongado y añade que es limitada la probabilidad de un proceso costoso de deflación.

Asimismo, la entidad supervisora incide en que la crisis va a seguir condicionando la política económica, "que deberá compaginar el desendeudamiento de los sectores público y privado con la continuidad de los ajustes de costes y precios relativos necesarios para mejorar la competitividad e impulsar los recursos hacia sectores con más potencial de crecimiento".

En su informe, la entidad supervisora también advirtió que unos niveles de deuda pública elevados -como los actuales- tienen efectos negativos "importantes" y de que el proceso de reducción de la misma exigirá un ajuste fiscal "continuado y considerable" y anclado en una estrategia "creíble" de medio plazo.

La entidad cree "ineludible" que empresas, familias y administraciones públicas realicen los ajustes necesarios para reducir sus niveles de endeudamiento y recalca que la velocidad de dichos ajustes condicionará el ritmo y el alcance de la recuperación.

De lo contrario, añaden, "la inversión y el consumo no podrán alcanzar el dinamismo necesario para recuperar las pérdidas de producción y empleo causadas por la crisis, y situar la economía en una senda estable de crecimiento".

Precisamente la entidad supervisora ha dado también el dato de que la deuda del conjunto de las administraciones públicas creció el 7,12% en el primer trimestre de 2014 y alcanzó los 989.925 millones de euros, lo que equivale al 96,8% del PIB, el nivel más alto de la serie histórica.

Las previsiones enviadas a Bruselas por el Gobierno indican que en 2014 la deuda pública española será del 99,5% del PIB, en 2015 del 101,7%, en 2016 del 101,5% y en 2017 del 98,5% del Producto Interior Bruto.

Según los cálculos del Banco de España, situar la ratio deuda pública-PIB por debajo del 100 % en 2017 (como pretende el Gobierno) requeriría una reducción acumulada de déficit primario -es decir, que no incorpora el pago de intereses de la deuda- de 6,4 % del PIB, unos 64.000 millones de euros.

Por último, el organismo estatal evaluó la idoneidad de 245 directivos de las entidades financieras en 2013, y también requirió a las compañías información sobre sus procedimientos internos para valorar a sus altos cargos, siguiendo las normas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).

Además, el Banco de España abrió seis expedientes sancionadores en 2013, entre ellos, a un banco y a sus cargos de administración, por presunto incumplimiento de la normativa relacionada con la presentación de un plan de actuación para paliar las debilidades de la entidad que amenazaban su viabilidad, aunque luego lo suspendió.

La institución que dirige Luis María Linderequirió a la banca que remitiera los procedimientos internos adoptados para evaluar a sus altos cargos.

Por último, las entidades tuvieron que identificar su personal clave y los responsables de control interno, y el Banco de España abrió seis expedientes sancionadores.