El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se tramitará por el procedimiento de urgencia y que modifica un total de 44 normas para la ejecución y desarrollo de las 65 medidas fijadas por el Ejecutivo el pasado mes de enero para reordenar la Administración y que, junto algunos aspectos de la Ley de Ordenación del Territorio, se cifraron en 311 millones de euros.

Según ha detallado el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, este proyecto de ley, que ha sido trasladado a los grupos parlamentarios e informado a los representantes de los trabajadores y a los integrantes del Diálogo Social y de la Federación de Asociaciones de Vecinos, se estructura en tres bloques que afectan a los recursos humanos y a la simplificación y organización de una administración "más eficaz, más ágil, más modernizada y mejor adaptada a las necesidades del siglo XXI".

Las medidas referentes a recursos humanos buscan regular y mejorar las posibilidades de hacer frente a las necesidades temporales de personal, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública y simplificar la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo -RPT- y plantillas que se realizará por acuerdo de la Junta y no por decreto, como hasta la fecha.

También se prevé adaptar cuestiones del personal sanitario a personal funcionario, donde se abre la posibilidad de cesar a titulares de puestos de libre designación, si bien en los sanitarios se mantiene la duración máxima de 4 años en esos puestos, aunque puedan repetir, con el mantenimiento de retribuciones en caso de que accedan a puestos directivos.

Otra de las novedades es que se posibilita el cambio de horario de mañana del personal sanitario de atención primaria, siempre previa negociación. "En ningún caso se modifican los órganos de negociación con representantes de persona, ni se reducen las funciones de estos órganos", ha aclarado el consejero, que ha garantizado en todo momento el poder de interlocución de los sindicatos, una materia en la que el Gobierno Herrera "no es dudoso".

Con las medidas de simplificación se regula en 24 normas la reducción de sanciones en un 50 por ciento si se abona la sanción en el plazo de 30 días desde la propuesta de resolución, en lo que De Santiago-Juárez ha equiparado con el pronto pago de las multas.

Sin dictamen preceptivo del consultivo al presupuesto

Este proceso de simplificación administrativa se efectúa en determinados procedimientos y trámites como, la tramitación interna de anteproyectos de ley. Además, se elimina el dictamen preceptivo del Consultivo en Ley de Presupuestos y en decretos meramente organizativos a petición del propio órgano estatutario y se elaborará un Plan de Cooperación al Desarrollo "único".

También se prevén la manera de hacer pública la validez de autorizaciones de juego de otras administraciones en aplicación de Ley de unidad de mercado.

Por su parte, las medidas organizativas se estructuran en cuatro niveles. Así, en lo concerniente a la Administración de la Comunidad se atribuye al delegado territorial la coordinación de toda la Administración General y de sus entes adscritos en la provincia y se prevé la posibilidad de que órganos de consejerías realicen funciones de apoyo y materiales para entes adscritos.

En este proyecto se regulan de forma expresa en la Administración autonómica encomiendas de gestión a órganos propios o de diferente administración, así como a entes adscritos, y se prevé que los servicios jurídicos de la Junta presten asistencia a entidades adscritas y a otras instituciones del sector público autonómico.

Asimismo se regula que puedan asistir a altos cargos y resto de empleados, por actos en ejercicio de sus funciones, en iguales condiciones.

En órganos de cooperación local, las medidas contempladas contribuyen a la simplificación de la composición y las funciones del Consejo de Cooperación Local, se le atribuyen las funciones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales y de la Comisión de Carreteras "y, con ello, queda configurado como principal órgano de cooperación en Administración y Entidades Locales".

Por último, en materia de coordinación interdepartamental, la Comisión de Secretarios recibe la atribución de funciones de cinco órganos: Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, Comisión de Coordinación para la política de juventud de la Administración Autonómica, Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Comisión interconsejerías de apoyo a las familias.

Con esta atribución, y junto con el Decreto de 6 de marzo, la Comisión de Secretarios se configura como único órgano de coordinación interdepartamental.

"Los órganos de participación resultarán reforzados a partir de la introducción de unas medidas que permitirán racionalizar el número de órganos, unificar los que tienen materias y composición similar y potenciar su funcionamiento", ha detallado el consejero, que ha explicado que para ello Gobierno autonómico debe modificar 20 leyes, en las que se eliminan las referencias a órganos concretos que se sustituyen por referencias a la necesidad de que exista un órgano en esa materia.

Además, se eliminan dos observatorios regulados por ley que eran órganos administrativos en el ECYL y en la Gerencia de Servicios Sociales, en lo que De Santiago-Juárez ha reconocido como un ejemplo del "abuso" de la creación de observatorios.

El Proyecto de Ley consta de 42 artículos, estructurados en cuatro títulos: uno preliminar y tres dedicados respectivamente a las medidas sobre recursos humanos, simplificación y organización; este último se desglosa en cuatro capítulos: organización de la Administración de la Comunidad, órganos de Cooperación Local, coordinación interdepartamental y órganos de asesoramiento y participación. Por último, se añaden tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales.