El sindicato CSIF-A ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que devuelva la parte d las pagas extra recortadas desde 2012, unas cantidades que pueden sumar unos 1.000 millones, tras lo que ha valorado el anuncio de Díaz de restituir la totalidad de la paga extra a empleados públicos en 2015, aunque ha dejado claro que el sindicato "no hará ninguna agradecimiento" en ese sentido.

El secretario de Acción Sindical de CSIF-A, Francisco Iglesias, ha valorado a Europa Press el hecho de que "por fin se va a cumplir con la ley, pues la Junta lleva casi tres años incumpliendo la actual legislación, que prevé que se abone la extra completa en junio y diciembre; por fin la Junta cumplirá con la ley", aunque lo considera "insuficiente".

No obstante, ha indicado que la Junta "debería cumplir con la actual legislación, por lo que Díaz debe devolver la totalidad de las paga extra de 2012, 2013 y también pagar las de 2014". "Los trabajadores tienen derecho a cobrarla, por lo que la Junta debe ser consecuente con lo que ha hecho anteriormente vulnerando los derechos de los trabajadores", ha aseverado.

CSIF-A sí se cree que la Junta vaya a cumplir ese compromiso, toda vez que considera que "un Gobierno no puede infringir tantos recortes a los derechos de los trabajadores; y tras 2012, 2013 y 2014 recortando derechos, es justo que en 2015 se pague la extra".

El sindicato ha pedido que se convoque "urgentemente" una mesa general de función pública donde "se siente a negociar la forma de devolución de las cantidades que nos han usurpado", toda vez que los sindicatos "nos hemos enterado a través de los medios".

En ese sentido, reconoce que hubieran preferido que en ese foro se les hubiera trasladado formalmente ese compromiso, aunque ha indicado que "Díaz sabe que si nos sentamos en la mesa, les diríamos que muy bien, pero hay que cumplir con la obligación", tras lo que ha explicado que exigirá que se convoque esa mesa "para decirle directamente que nos devuelvan las cantidades".

"Queremos que haya un reconocimiento expreso de la deuda con los empleados públicos y que cumpla con el compromiso de que se acometa la devolución de cantidades dejadas de percibir por cada trabajador en el plazo que se establezca", ha agregado Iglesias, quien reclama "la devolución de cantidades dejadas de percibir de forma arbitraria, injusta y desproporcionada, que se cifra en 320 millones de euros al año, esto es, unos 900-1.000 millones de euros".

Iglesias ha aseverado que los empleados públicos "no renunciamos a ese dinero ni nos vamos a congratular por recibir lo que es nuestro", de forma que deja claro que "si la Junta piensa que nos va a hacer un gran favor, no le vamos a agradecer nada, pues sólo se ha limitado a cumplir con lo que establece la norma".

"Estaremos satisfechos cuando nos devuelvan todo lo que nos han quitado", ha agregado el dirigente sindical, que supone que el dinero "se sacará de la mejor evolución de la economía, aunque queremos saber de donde saldrán esas cantidades".