La asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN), que aglutina a ciudadanos británicos residentes en la provincia de Almería, ha tildado de "insensatez" que el "verdadero" perjudicado en los procedimientos penales abiertos por la construcción de viviendas en suelo no urbanizable sea "la víctima, comprador de buena fe" que ve como es demolida su propiedad y ha advertido de que "está viniendo una nueva ola de damnificados, ciudadanos belgas".

En un comunicado, han indicado que, pese a que la Fiscalía pida, al mismo tiempo que el derribo, que el promotor proceda a indemnizar a los compradores de las viviendas declaradas ilegales, y el juez así lo determine, "la técnica habitual parece ser la de demoler primero y dejar que las víctimas inicien una lucha incierta e insegura para tratar de obtener la indemnización tan alegremente ordenada".

"El problema es que, como hemos visto en el municipio de Cantoria, en la práctica, los afectados se suelen quedar sin casa y sin dinero", ha trasladado la presidenta de AUAN, Maura Hillen, quien ha exigido que se modifique en el Código Penal el artículo 319.3 "que está dando lugar a insensatez", según ha remarcado para recordar que en una reunión mantenida recientemente europarlamentario, Esteban González Pons, "nos prometió estudiarlo y aún no sabemos nada".

Hillen ha criticado, asimismo, que el PSOE "haya prometido en prensa hacer cambios normativos" para paliar la actual "inseguridad jurídica y urbanística" que se da pero que "aún estemos a la espera de resultados concretos cuando las víctimas que acudirán a juicio el próximo viernes pueden obtener resultados nefastos", ha dicho en alusión a la vista oral en la que está encausado el exalcalde de Partaloa Federico Molina.

Por otro lado, el abogado de AUAN, Gerardo Vázquez, ha indicado que los afectados por el procedimiento penal contra las 29 viviendas del Residencial Retamar, también en Partaloa y cuyo juicio está pendiente de señalamiento, "han comprado recientemente y se han encontrado con la sorpresa de esta mala noticia".

"Uno de los problemas que existen es que estos procedimientos penales no suelen inscribirse en el Registro de la Propiedad y ellos tienen sus escrituras, todo con una apariencia de legalidad, por lo que se ha inscrito su casa en el Registro de la Propiedad sin rastro del procedimiento penal. Obviamente aquí, parece existir un problema de seguridad jurídica", ha lamentado Vázquez.

Hillen ha señalado con respecto a este caso los propietarios son ingleses que compraron en primera instancia y belgas mayoritariamente. "El problema, como ya hemos dicho, es que si el procedimiento no se ha inscrito en el Registro de la Propiedad, pues entonces es posible que las casas hayan pasado de manos durante la tramitación del procedimiento, y ahora los que están comprando son belgas", ha indicado.

También ha hecho alusión a que, a la hora de personarse en la causa, lo habitual "es que no se les pueda localizar, o que no entiendan muy bien de qué va el asunto, por lo que piensan que simplemente con aparecer en el juzgado en persona es suficiente y no lo es". "No es suficiente simplemente presentarse en el juzgado, hay que nombrar abogado y procurador, pues de lo contrario, lo habitual es que el perjudicado ni se entere de la celebración del juicio", ha concluido.