"La gente no quiere ayudas, quiere un trabajo". Con estas palabras presentó este martes la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el nuevo decreto de inclusión social de la Junta, que contará con un presupuesto de 158 millones de euros y beneficiará, según las previsiones del Gobierno, a unas 160.000 personas, 10.000 más que el pasado año.

Una de las principales novedades de esta normativa es la vinculación del salario social con el empleo. Así, los perceptores de esta ayuda de casi 400 euros al mes (55.577 personas en 2013) podrán ser contratados por empresas que, previamente, hayan firmado un convenio con la Junta. En virtud de dicho convenio, el Ejecutivo andaluz pasará a abonar el salario social a la entidad a modo de subvención, para pagar el sueldo de la persona contratada, que «gracias a esta medida tendrá un empleo y cotizará».

Los contratos serán de seis meses como máximo y a jornada completa. El Gobierno autonómico prevé la contratación de 800 personas en 2014 gracias a esta medida.

Más contratación. El nuevo decreto, que sustituye y "mejora" el anterior, contempla una inversión de más de 40 millones de euros para unas 25.000 contrataciones a través de los ayuntamientos, que recibirán las subvenciones en función del número de parados del municipio. Los contratos tendrán una duración de entre 15 días y tres meses.

Suministros básicos. La Junta destinará 6,5 millones de euros, que gestionarán los consistorios andaluces, para abonar los suministros básicos (luz y agua), el alquiler y el equipamiento esencial de las viviendas a las familias más necesitadas. Según el vicepresidente, Diego Valderas (IU), el próximo objetivo de la Junta es un decreto de moratoria para los cortes de suministros vitales en invierno.

Menores. Cerca de 6 millones de euros se dedicarán a ayudar a familias con hijos menores, para evitar que estas pierdan la custodia de los niños.

Garantía alimentaria. El decreto permite mantener las tres comidas diarias en los colegios públicos, medida de la que el año pasado se beneficiaron unos 21.000 escolares; así como el servicio de comidas diarias a unos 3.500 mayores. Las escuelas de verano, a las que asistieron unos 4.500 alumnos en 2013, volverán a funcionar este año.

CC OO-A insistió ayer en la necesidad de establecer una renta básica "que dé solución global al problema del desempleo en Andalucía". Y expresó su malestar ante la "falta de voluntad negociadora" de la Junta.

Mientras, el PA pidió al Gobierno andaluz "que reflexione" sobre el decreto aprobado ayer, a la vez que propuso que "se ponga el dinero en las manos del tejido empresarial, que es capaz de generar empleo de verdad", en lugar de las contrataciones anunciadas por el Ejecutivo de Susana Díaz.