La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la queja elevada por la Asociación de la Prensa de Sevilla contra la juez Mercedes Alaya después de que ésta ordenara el pasado 20 de mayo a la Guardia Civil retener y analizar el contenido del teléfono móvil de un periodista al entender que podría haberle grabado por medio de este dispositivo.

Tras estudiar la queja en su habitual reunión de los martes, el Alto Tribunal andaluz ha acordado el archivo de la misma, no obstante lo cual defiende que, "ciertamente, se debe extremar el juicio de proporcionalidad a la hora de adoptar medidas de injerencia en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones".

No obstante, y en el acuerdo, consultado por Europa Press, la Sala de Gobierno considera que "el incidente denunciado debe ser valorado en el contexto de las investigaciones en las causas penales cuya instrucción viene atribuida" a la magistrada, "donde se busca evitar filtraciones de lo en ellas actuado y decidido".

Por este motivo, según el TSJA, "no debe reprocharse la actuación de la magistrada, máxime cuando parece ser, en principio, que sugirió a la Guardia Civil que se trasladaran al Juzgado de Guardia para, en presencia del interesado, comprobar si se había efectuado alguna grabación conectada con las actuaciones judiciales, procediéndose de inmediato a la devolución del terminal telefónico".

La queja

Según explica la Asociación de la Prensa de Sevilla en su escrito de queja, el incidente tuvo lugar sobre las 14,30 horas del pasado 20 de mayo, cuando la juez ordenó a la Guardia Civil retener el teléfono móvil de este redactor, terminal que estaba apagado y que se estaba cargando en un enchufe próximo a la puerta del despacho de la instructora.

La Asociación de la Prensa señala que la magistrada "interpretó erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado".

De este modo, y "sin siquiera atender las explicaciones del periodista, la juez fue a buscar a un agente de la Guardia Civil, quien retuvo el móvil e invitó al periodista a que lo acompañara hasta el juzgado de guardia". En estas dependencias, una vez cargado el teléfono, el agente "pudo verificar que no se había realizado ninguna grabación, tal y como se había afanado el periodista en ponerle de manifiesto".

Aun así, los datos del periodista y su DNI quedaron a disposición de la Guardia Civil, "no se sabe con qué finalidad", indica la asociación, que considera que "más sencillo hubiera sido y no se habría producido ningún incidente, si la magistrada se hubiera limitado a pedir al periodista que retirara el teléfono de ese lugar porque ella misma pudo ver, al haber tenido el celular en sus propias manos, que el dispositivo estaba apagado y con la batería completamente agotada".

El motivo de esta queja "no es otro que el de poner en conocimiento de la Sala de Gobierno del TSJA esta desproporcionada reacción, cuando los periodistas lo único que intentan es hacer su trabajo con dignidad", dice la asociación, que lamenta que "lo que nos parece más grave de esta actitud es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas".