El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto-ley de Inclusión Social a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, que beneficiará a más de 160.000 personas, una norma que destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente la personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro.

Así lo ha anunciado en la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que esta nueva iniciativa de inclusión social del Gobierno andaluz se suma, hasta alcanzar los 158 millones de euros, a otras como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión o las ayudas económicas familiares.

La norma se aglutina en torno a tres planes: el de Inserción a través del Empleo, el Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Extraordinario de Garantía Alimentaria. El Gobierno andaluz defiende que la principal medida de integración e inserción social es el empleo; que es necesario introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y también asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión, especialmente personas mayores y menores.

Sánchez Rubio, que ha destacado que el Gobierno andaluz no tiene la fórmula para resolver de manera definitiva este problema, sí que ha querido dejar claro que la administración andaluza se sitúa "al lado de la gente". Ha explicado que este decreto va en la línea de promover la inclusión social a través del fomento del empleo. "Las personas no quieren ayudas, sino un puesto de trabajo para salir de ese círculo de exclusión social en el que se encuentran", ha añadido.