La juez Mercedes Alaya ha aplazado a los próximos días 23 y 24 de junio las declaraciones previstas inicialmente para la próxima semana de siete testigos en la causa donde la instructora investiga el supuesto amaño en el concurso público para la adjudicación de los suelos de Mercasevilla.

En un auto notificado a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora acepta de este modo la petición de aplazamiento realizada por el abogado de una imputada que alegó "circunstancias profesionales" que le impedían asistir los días 11 y 12 de junio a las declaraciones señaladas.

Así, la magistrada cita a declarar a cuatro funcionarios del servicio municipal de Licencias que intervinieron en la primera ocupación otorgada a Sanma en los terrenos del merca; al responsable del área, y a dos abogados que intercambiaron comunicaciones sobre las condiciones en las que se iba a efectuar la venta.

Estas declaraciones se llevarán a cabo a pesar de que la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial para que se anule el auto en el que la juez procesó al exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IULV-CA) y a otros 15 imputados en el procedimiento, así como todas las actuaciones posteriores.

Y es que el pasado mes de diciembre, la juez procesó a 16 personas, tras lo que posteriormente decidió incorporar a las actuaciones los escritos de dos imputadas en la causa, en concreto de la exjefa del servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo María Isabel Evans, y la subjefa de este servicio Emilia Barrial.

Tras ello, la Fiscalía pidió la nulidad del auto dictado en diciembre y de todo lo actuado a partir de entonces al considerar que la juez, con posterioridad y después de acordar la finalización de la instrucción, permitió unir a la causa "de manera intempestiva" la documentación aportada por estas dos funcionarias de Urbanismo, tras lo que en un nuevo auto de 25 de febrero libró oficios al Colegio de Arquitectos y a Urbanismo para que remitieran diversas certificaciones, lo que consideraba nuevas diligencias de prueba en una instrucción ya cerrada.

Esta petición de nulidad fue rechazada por la juez en un auto dictado el pasado 16 de mayo, en el que citaba a declarar a los testigos mencionados anteriormente, auto que, como se ha dicho, ha sido recurrido por el Ministerio Público ante la Audiencia Provincial.