El Grupo popular de la Diputación ha exigido al Gobierno provincial socialista, que revoque el replanteamiento de los 132 proyectos propuestos por ayuntamientos para el gasto de los 39,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario 2012 que, según la institución, no pueden ser financiados con cargo al superávit al no ajustarse a la definición de iniciativa 'financieramente sostenible'.

El asunto se encuadra en el destino de los superávit procedentes de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2012 y 2013. En concreto, la liquidación del ejercicio presupuestario 2012 arroja un superávit de 39,3 millones de euros y la de 2013 más de 25 millones. La Diputación, como es sabido, promueve el gasto de los citados 39,3 millones en actuaciones promovidas por los ayuntamientos, mientras ha resuelto invertir en la mejora y arreglo de su propio patrimonio los 25 millones de 2013.

El pasado jueves, sin ir más lejos, el pleno de la Diputación daba cuenta de la necesidad de replantear 132 proyectos propuestos por 58 ayuntamientos para el gasto de los 39,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2012, siendo además aprobada una modificación de las líneas de inversión sobre las que gira el plan promovido por la institución para invertir en su propio patrimonio los 25 millones de la liquidación del presupuesto de 2013.

Y es que según el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), la definición de inversión 'financieramente sostenible' recogida en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, obliga a "ajustar" tales actuaciones, porque entre otras cosas, la "especificidad de la naturaleza de gasto" que permite el Gobierno central "prohíbe" financiar con cargo a este superávit políticas de gasto relativas a sanidad, educación, cultura y deporte, incluyendo en cada una de estas los gastos de creación y conservación de los centros e instituciones de enseñanza, los edificios destinados a cultura y las instalaciones deportivas de todo tipo.

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Sevilla, Eloy Carmona, no obstante, exige revocar la resolución firmada a tal efecto por el presidente de la Diputación, porque "desconocemos esos supuestos informes del Ministerio de Administraciones Públicas que argumentan la decisión de Rodríguez Villalobos, y si los hubiera en ningún caso serían vinculantes". "Hemos comprobado cómo hay otras administraciones en España donde se aprueban proyectos similares a los que la Diputación Provincial de Sevilla está rechazando", ha apuntado Carmona, quien ha añadido que "la decisión de Villalobos es consecuencia de criterios propios de esta diputación".

"Hay una evidente falta de claridad y de transparencia en los criterios del presidente de la Diputación, que está dando la espalda a iniciativas vitales para nuestros ayuntamientos y que además no da a conocer los criterios que le mueven a ello, incumpliendo además su obligación de trasladar a los grupos políticos y a los alcaldes la información requerida".

Eloy Carmona ha añadido que "estos proyectos que son rechazados cuentan con los informes favorables de los interventores y secretarios generales de todos los ayuntamientos, siempre sujetos a los programas presupuestarios del Ministerio de Hacienda y a la legalidad vigente". "Es evidente -ha agregado el portavoz popular- que Villalobos está rechazando iniciativas que beneficiarían a todos los vecinos. La Diputación de Sevilla, en su afán por la confrontación y con falta de transparencia, está dando la espalda a iniciativas municipales que redundarían en beneficio de todos los ayuntamientos y que mejoraría el bienestar de los vecinos".