El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha apostado este miércoles por llevar a cabo modificaciones legales de cara al futuro que permitan elevar el nivel de las sanciones a los bancos ante el mal uso de los productos financieros, poniendo como ejemplo a las preferentes.

En declaraciones a los periodistas, momentos antes de comparecer en comisión parlamentaria, Valderas ha indicado que la Secretaría General de Consumo, dependiente de su departamento, está trabajando "con fuerza", para hacer frente mediante sanciones a aquellas entidades financieras que no tienen un comportamiento correcto.

"Hay que elevar el nivel de las sanciones y eso conlleva determinadas modificaciones de carácter legal para que dichas sanciones estén más en consonancia con el daño hecho al conjunto de la ciudadanía", ha afirmado el vicepresidente de la Junta.

Ya en comisión parlamentaria, a fin de informar sobre el proyecto de decreto por el que se pretende regular el registro de asociaciones de consumidores y usuarios en Andalucía, a propuesta del PP-A, Valderas ha anunciado que dicha normativa encara ya su segunda fase de instrucción y ha destacado que se ha buscado que el texto normativo sea "lo más consensuado posible".

Para lograr este objetivo, el número dos del Gobierno andaluz ha recalcado que se han organizado mesas de diálogo y trabajo con las tres organizaciones más representativas (Facua, UCA-UCE y Al-Andalus), y se ha dado trámite de audiencia a otras 69 asociaciones, de las que se obtuvo respuesta de 29 de ellas.

El Decreto 32/1986, de 19 de febrero, está vigente desde hace más de 25 años, y pese a su "eficacia", Valderas ha remarcado que desde el movimiento asociativo se había trasladado que debía adaptarse al tiempo actual, por ello, era uno de los compromisos que están recogidos en el I Pacto Andaluz por la garantía de los derechos de las personas consumidoras firmado por la Junta de Andalucía con las federaciones.

"Con este decreto pretendemos más empoderamiento a la corresponsabilidad, materializar esa necesidad de racionalizar y articular el movimiento asociativo y simplificar los procedimientos administrativos que regulan el régimen jurídico de las organizaciones", ha explicado. Aunque el decreto le queda tramitación y está aún pendiente de aprobación por Consejo de Gobierno, Valderas ha anticipado parte de las novedades que contendrá.

Así, el nuevo Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras se constituye como un Registro único y obligatorio, por lo que ya no se exige la certificación expedida por el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma, en conformidad con la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación. Sólo se pedirá la inscripción de la entidad en el Registro Público cuando la organización de personas consumidoras y usuarias haya sido constituida como cooperativa.

Para una mayor accesibilidad y transparencia a la ciudadanía, se informatizará y digitalizará este registro, que será único y obligatorio, y se canalizará a través de esta Consejería. Otro de los elementos más destacados de este decreto es que ofrece mayor participación al eliminar como requisito un número mínimo de personas asociadas e ingresos anuales de asociación u organización, y se facilita la inscripción de asociaciones que únicamente operen en uno de los sectores del mercado.

El decreto también contribuirá a definir, con criterios objetivos, las asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias más representativas, de acuerdo con unos criterios de implantación territorial, número de socios o ingresos anuales, entre otros. Entre los beneficios que supondrá ese reconocimiento están que las que podrán formar parte del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo, así como de los consejos provinciales, y de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía.

Valderas ha destacado que la aprobación de este proyecto de decreto va a suponer "un paso importante en la regulación de un sistema que era absolutamente necesario, demandado y comprometido" y se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gobierno por Andalucía firmado hace ahora dos años.

Por su parte, la diputada del PP-A Carolina González Vigo ha indicado que organizaciones y federaciones de consumidores y usuarios de Andalucía están "muy preocupados" por los derroteros de este borrador de decreto. Ha pedido que el Gobierno andaluz no sea "ni sordo ni ciego" ante las reivindicaciones de estos colectivos, "que hoy le están diciendo que no les gusta este decretazo".

Plan de voluntariado 2010-2014

Valderas también ha comparecido para informar sobre la evolución del III Plan Andaluz de Voluntariado 2010-2014. Sobre este asunto, ha destacado la enorme importancia de la transversalidad a la hora de poner en marcha el Plan, que se ha concretado en cinco objetivos generales y cinco líneas estratégicas, que generan un conjunto de 100 medidas en las que participan nueve consejerías a través de 12 centros directivos, y en el que se han invertido 77,3 millones, lo que supone un 87,63 por ciento más respecto al II Plan Andaluz del Voluntariado (2006-2009), que tuvo un presupuesto de 41,2 millones.

Para Valderas, el ejercicio de la acción voluntaria organizada constituye una de las más sólidas expresiones de valores democráticos como la participación ciudadana y la justicia social, y en este sentido ha reivindicado un papel de la ciudadanía activo, crítico y constructivo. El número de andaluzas y andaluces voluntarios ha alcanzado al día de hoy la cifra de 411.809 personas, lo que supone una evolución desde 2007 de 188.802 personas que ejercen sus prestaciones voluntarias mayoritariamente en el ámbito social y educativo.

Según ha explicado, este III Plan fundamenta su diseño en un conjunto de valores que inspiran la formulación de propuestas para promover la implicación de la ciudadanía en iniciativas solidarias, concretados en cinco objetivos generales: la participación ciudadana; el voluntariado como impulsor de la proximidad democrática; la autonomía del sector asociativo en la toma de decisiones; la responsabilidad social de las iniciativas solidarias y la innovación y la mejora continua.

Todo ello bajo cinco líneas estratégicas: la comunicación y el acceso y uso de las TIC; el impulso a la formación; la investigación, el uso de buenas prácticas y la transferencia de resultados; la dinamización de las relaciones multilaterales mediante el trabajo en red y la calidad de los programas y mejora en la gestión de las asociaciones.

A partir de estos principios y líneas estratégicas, el vicepresidente ha detallado en su intervención los avances producidos, entre otros indicadores, en materia de subvenciones y ayudas públicas donde se ha establecido una línea de financiación directa con aquellos agentes sociales estratégicos y vinculados con la promoción de la participación ciudadana y el ejercicio de programas de acción voluntaria organizada, como es el caso de sindicatos, universidades y medios de comunicación.

También ha destacado avances en la creación de la red de centros para el voluntariado y las asociaciones; la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado; la celebración del Congreso Andaluz en la materia; el equipamiento tecnológico al movimiento voluntario; la obtención del carné de persona voluntaria y la celebración del II Encuentro Ibérico de Democracia y Presupuestos Participativos.