La Fiscalía pide 11 años de cárcel para el acusado de acumular y vender cientos de armas de guerra listas para usar

La Fiscalía solicita 11 años de prisión para el dueño de una tienda de efectos militares en la que llegó a acumular y vender cientos de armas de guerra con capacidad de hacer fuego. De hecho, en el registro del local y de sus dos viviendas fueron localizadas hasta 276 armas cortas y largas, numerosos lanzagranadas, morteros, bastones estoques, lanzallamas o 'bazokas', junto a unos 350 kilos de munición de distintos calibres y marcas.

La Fiscalía solicita 11 años de prisión para el dueño de una tienda de efectos militares en la que llegó a acumular y vender cientos de armas de guerra con capacidad de hacer fuego. De hecho, en el registro del local y de sus dos viviendas fueron localizadas hasta 276 armas cortas y largas, numerosos lanzagranadas, morteros, bastones estoques, lanzallamas o 'bazokas', junto a unos 350 kilos de munición de distintos calibres y marcas.

En concreto, el inculpado, Juan Francisco P., será juzgado entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, a partir de las 10.30 horas, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, acusado de dos delitos de tenencia ilícita de armas y otro de depósito de armas. Junto a él se sentarán en el banquillo un maestro tornero encargado de reparar las piezas que estaban inutilizadas (para quien la acusación pide dos años de cárcel) y otro procesado que colaboraba en la adquisición de las mismas (un año de prisión).

Tal y como relata el escrito de acusación del Ministerio Público, el principal acusado se venía dedicando desde al menos el primer trimestre de 2008 a la adquisición de armas de fuego para su posterior venta, pese a que muchas de ellas habían sido manipuladas o las manipulaba él mismo para que estuvieran listas para usar.

Mientras tanto, Bartolomé R.T, como armero jubilado hacía trabajos de reparación, cambio de piezas o puestas en servicio de armas inutilizadas por encargo de Juan Francisco P. De forma paralela, Ramón S.G. hacía de enlace entre vendedores de armas cortas y el principal procesado para que éste pudiera adquirirlas para su posterior manipulación por parte de los otros dos inculpados, según señala la Fiscalía.

Según recuerda en su escrito, cuando el 23 de mayo de 2008 Juan Francisco P. fue detenido en su tienda, se le intervinieron numerosas armas, algunas de ellas catalogadas en el reglamento vigente como armas de guerra, que tenía dispuestas para su venta y de las que no disponía ni licencia ni guía de pertenencia. Todas ellas se encontraban en perfecto estado de funcionamiento y con capacidad de hacer fuego real, mientras que otras que habían sido inutilizadas fueron reparadas y puestas en funcionamiento.

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