Productores de cítricos de La Unió de Llauradors de Castellón, Valencia y Alicante han regalado este jueves 700 kilos de naranjas a los viandantes en protesta por la "falta de rentabilidad alarmante" del producto, que conduce "al abandono de cada vez más campos", según ha informado la organización en un comunicado.

La protesta se ha llevado a cabo junto a la Plaza de Toros de Valencia, donde los productores han entregados las naranjas a los ciudadanos pues "para dejarlas en el campo sin recoger, vale la pena que las disfruten los consumidores y se enteren de cómo estamos".

En este sentido, han explicado que la media por ejemplo que se paga la naranja en campo "no pasa de 0,14 euros/kilo mientras los consumidores pagan una media de 0,96 euros/kilo en los supermercados, lo que supone que el precio se multiplica por siete entre el origen y el destino".

La Unió calcula que las pérdidas durante esta campaña ascienden a una cantidad superior a los 260 millones de euros debido fundamentalmente a los problemas de clareta, rajado o pequeños calibres que han provocado "dificultades comerciales", entre otras circunstancias.

Además, recalca que la Generalitat "adeuda en estos momentos unos 50 millones de euros a los citricultores en concepto de ayudas a la producción integrada y reconversión varietal". Por otro lado, han advertido de que la reforma de la PAC "puede dejar fuera a más de 33.000 perceptores de ayudas de la Comunitat Valenciana ante el listón exigido de 300 euros para tener derecho a la subvención y con el agravante de que la mayor parte de los mismos serán citricultores debido al minifundismo existente en este cultivo".

Actuación "inmediata"

La Unió considera que la "importante crisis económica" en la que viven inmersos los productores de cítricos "desde hace años" requiere la actuación "inmediata" de todas las administraciones implicadas (Generalitat, Gobierno central y también la Comisión Europea).

Algunas de las medidas que reclaman pasan por "establecer una política comercial y contractual sostenible que garantice precios justos y dignos a través de la implantación de un precio mínimo de referencia"; la "obligatoriedad" de un contrato homologado de compraventa de cítricos y el establecimiento de unas tarifas eléctricas de riego adaptadas a la realidad del sector.

De igual modo reclama el incremento de inspecciones en los puntos de venta o centrales hortofrutícolas y sanciones "ejemplarizantes", así como una "mayor rigurosidad" por parte de la política de competencia europea en supervisar prácticas comerciales desleales y un control "riguroso" de las importaciones procedentes de terceros países "con objeto de evitar la entrada de plagas".