Andalucía invertirá 1.115 millones de euros para la atención a la dependencia en la comunidad durante 2014, mientras que el Gobierno de España sólo destinará 1.200 millones para todo el Estado. Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en el Pleno del Parlamento la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha recordado que la comunidad sigue siendo "la que más personas atiende".

En este sentido, y en respuesta a una pregunta formulada por la diputada popular Ana Vanessa García Jiménez al respecto, Sánchez Rubio ha destacado que concretamente, a 30 de abril de 2014, las personas beneficiarias suman 160.300, lo que representa el 22 por ciento del total nacional "teniendo, sin embargo, un peso poblacional del 18 por ciento". A ello se suman las 217.600 prestaciones concedidas, lo que supone que uno de cada cuatro de todas las concedidas a nivel nacional corresponda a Andalucía.

Asimismo, Sánchez Rubio, que ha puesto en valor el "esfuerzo" que está realizando el Gobierno andaluz por el mantenimiento de estas prestaciones, ha informado de que desde el pasado 1 de enero se han realizado más de 17.000 nuevas valoraciones en Andalucía y han sido dadas de alta en el sistema 1.629 personas "que ya están disfrutando del recurso más adecuado a su situación", ha apuntado la consejera.

Antes estos datos, García Jiménez se pregunta por qué "solo ha incluido mil si se han valorado 17.000", y ha destacado que en Andalucía "hay cada vez hay menos usuarios en el sistema y más en espera", toda vez que resalta que es la única comunidad que "baja en usuarios mientras el resto sube" y, además, "con un mismo presupuesto", por lo la diputada popular se cuestiona "en qué se lo están gastando".

"No creen en la dependencia y no están por resolver los problemas, como ya se lo dijeron los trabajadores el pasado 15 de mayo en concentraciones a las puertas de las delegaciones territoriales y como se lo dijo ayer el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, en el Pleno", asegura García Jiménez, que lamenta que "entre esos dependientes haya un menor valorado desde mayo de 2012".

Por último, la diputada asegura que "quienes están de verdad protegiendo y conservando los servicios en dependencia son los ayuntamientos y diputaciones, a los que les debe cinco meses", por lo que insta a la consejera a "tomarse en serio" el tema, "centrarse en sus responsabilidades" y "a menos palique y más aplique".