En su sentencia, la Sección Segunda de lo Penal considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones, del artículo 147, si bien absuelve del mismo al reo al aplicarle la eximente completa de alteración psíquica.

Sin embargo, el tribunal, conforme a la petición formulada por el Ministerio Fiscal, ha acordado imponer al procesado, como medida de seguridad, su internamiento por un periodo máximo de dos años en un hospital psiquiátrico—actualmente se halla internado en el centro malagueño de Fontcalent—y la obligación de indemnizar al agredido con un total de 1.800 euros por las lesiones y las secuelas y con otros 100,40 al Sacyl por los gastos de asistencia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante el juicio, Antonio L.M. insistió en que se limitó a propinar un puñetazo a otro 'sintecho', I.G.D, cuando ambos se encontraban el 27 de diciembre del pasado año en el centro de atención a personas sin hogar de Cáritas y la víctima le agredió primero con "seis cates continuos en la cara, el pecho y la nariz".

Enfermo de esquizofrenia paranoide, el acusado había salido hacía un mes a la calle tras cumplir internamiento durante cuatro años en un centro psiquiátrico de Málaga y desde entonces, como así explicó, carecía de hogar fijo, había dejado de tomar la medicación y además llevaba tiempo consumiendo "porros", de ahí el grado de ansiedad acumulado hasta entonces.

Pero además, el agresor atribuyó el resultado de su puñetazo sobre el rostro de I.G.D, con la consiguiente pérdida de los incisivos superior y central derechos, al hecho de que éste sufría una importante enfermedad periodental. "Tenía todos los dientes picados", apuntó Antonio L.M. en su descargo.

Por contra, el aludido negó haber tomado la iniciativa en la agresión y explicó que el procesado le golpeó en la boca sin provocación previa. "No conocía de nada a esta persona y me dio un puñetazo que me hizo perder ocho dientes", lamentó I.G.D, quien desde entonces no ha podido reparar las piezas perdidas por carecer de trabajo y medios económicos.

Aunque inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de tres años de cárcel por delito de lesiones, finalmente, a tenor de la eximente incompleta relativa a su enfermedad mental, optó por pedir dos años de internamiento máximo en un centro psiquiátrico y el pago de una indemnización de 1.500 euros en favor del lesionado por la pérdida de las piezas dentales, mientras que la defensa interesó la libre absolución—eximentes completas de legítima defensa y enfermedad—pero consideró conveniente someter a su patrocinado a tratamiento como medida de seguridad.

Durante la vista, tanto el médico forense como una psicóloga del Centro Penitenciario de Valladolid coincidieron al señalar que el acusado sufre una grave esquizofrenia paranoide que provoca una alteración importante de sus facultades volitiva e intelectiva.

La perito señaló incluso que el interno ni siquiera ha mejorado pese a encontrarse actualmente bajo medicación, mientras que el forense de los juzgados aconsejó el internamiento psiquiátrico del acusado al suponer un peligro para sí mismo y para terceras personas.