El Grupo de IU en el Ayuntamiento de Valladolid ha instado hoy a la Fiscalía a que analice si los "obstáculos" que, a su juicio, está poniendo el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, a la hora de facilitar información sobre el proyecto de instalación de un ascensor en la Catedral tiene encaje en el Código Penal y, por consiguiente, puede traducirse en la apertura de un proceso penal contra el regidor para que sea inhabilitado.

Esa es la petición que los tres ediles de IU, Manuel Saravia, Alberto Bustos y María Sánchez, han registrado esta mañana en el departamento que dirige Esther Pérez Jerez, a la que, en palabras del primero, solicitan que analice el "jugueteo" y el intento del alcalde de "dilatar de forma torticera" la facilitación al grupo de la información relativa al proyecto consistente en instalar un elevador panorámico en la seo vallisoletana para facilitar su accesibilidad y adecuación para la visita pública.

En su escrito, IU recuerda que el pasado día 11 de abril solicitó por escrito acceder "al expediente del proyecto de instalación del ascensor de la torre de la catedral", sin que el alcalde respondiera en los cinco días hábiles de plazo legal, con lo que el grupo reiteró su petición, también sin éxito, el pasado día 20 de mayo, con la particularidad de que en este último caso la repuesta fue que "no existe ningún expediente en cuya denominación se indique 'proyecto de instalación del ascensor de la Catedral'".

Sin embargo, Saravia, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que el contenido de la petición realizada por IU es "absolutamente inequívoco" y no plantea duda alguna, por lo que, en opinión del edil, la postura de León de la Riva obedece al intento de "juguetear" y entorpecer el acceso a la información requerida, de ahí la decisión de llevar los hechos a Fiscalía por si los mismos pudieran merecer algún "reproche jurídico".

Inhabilitación de uno a cuatro años

En concreto, IU enmarca la conducta del regidor del PP en el artículo 542 del Código Penal, aquel en el que pudiera incurrir la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos en la Constitución y las leyes, para el cual se estipula la inhabilitación especial para cargo público por espacio de entre uno y cuatro años.

En este sentido, Saravia ha confesado no entender cómo León de la Riva, imputado ya por delito de desobediencia por el caso de los áticos de Zorrilla, "y al que se pide ya inhabilitación, siga jugando con este tipo de cosas", mientras que la también edil de IU María Sánchez ha ido todavía más allá al denunciar públicamente que la actuación del alcalde es "reiterada" y caracterizada por la "mala fe", en referencia a los obstáculos que, a su juicio, viene poniendo en otros muchos asuntos.

En el caso del ascensor de la Catedral de Valladolid, los ediles de IU apuntan además, entre las razones de peso para solicitar la máxima claridad, el baile de cifras respecto del coste del proyecto, que cifran en cerca de un millón de euros, y lo injustificado e "inoportuno" del mismo cuando recuerdan que hay otras necesidades de tipo social mucho más prioritarias.