La síndica de Greuges en funciones de la Comunitat Valenciana, Emilia Caballero, ha remitido esta semana una recomendación a la Conselleria de Sanidad pidiendo mejoras en la dotación de medios personales y materiales para atender la creciente demanda por parte de la ciudadanía de utilización de técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, según ha informado la institución en un comunicado.

En concreto, esta última resolución estuvo motivada por la queja presentada por una ciudadana que nos manifestaba que tras un año y ocho meses de haber solicitado un tratamiento de reproducción asistida, le fue practicado el primer ciclo, de los tres concedidos, de Fecundación in Vitro, del que quedó embarazada pero que abortó a la octava semana de gestación. Diez meses después le practicaron el siguiente ciclo con resultados negativos. Al solicitar la práctica del tercer ciclo, en su día ya concedido, la Conselleria le denegó el mismo por haber cumplido ya los 40 años, ha explicado.

Desde esta institución, consideran que, aunque la edad "debe ser un factor importante a tener en cuenta, no debe operar automáticamente como causa de exclusión" para acudir a la vía de la Fecundación in Vitro. Asimismo, se muestra convencida de que una "mejora en los medios personales y materiales" ayudará a agilizar la actual lista de espera existente.

"quejas numerosas"

Asimismo, ha agregado que son "numerosas las quejas" tramitadas en esta Institución por temas relacionados con los tratamientos de reproducción asistida en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, principalmente por la demora en los tratamientos, los límites de edad para someterse a los tratamientos y las exclusiones de los mismos por tener ya un hijo.

Recientemente, ha recordado, la Sindicatura ha resuelto una queja relativa a la exclusión de lesbianas y mujeres solas de los tratamientos de reproducción asistida. En relación a este supuesto, aun siendo consciente de la actual coyuntura económica y de las limitaciones presupuestarias, esta institución instaba a la Conselleria a que garantizara el derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción asistida, independientemente de su estado civil y de su orientación sexual, atendiendo en primer lugar al principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución.

En este sentido, Caballero ha reflexionado sobre si dicha exclusión "realmente implicaba un ahorro económico, teniendo en cuenta que otras pacientes con parejas heterosexuales ocuparían esa lista de espera, lo que podría ir en contra del principio de igualdad reconocido en la Constitución".