Defensa de Moya mantiene implicación de tercera persona en el crimen de Míriam y pide más pruebas

La defensa de Jonathan Moya, principal imputado por el secuestro y muerte de la bebé onubense de 16 meses de Palma del Condado (Huelva) Míriam, ha solicitado al juez instructor la practica de una nueva batería de pruebas encaminadas a indagar sobre la participación en el crimen de una tercera persona, a la que identificó con nombres y apellidos en sede judicial Moya González durante la comparecencia de la Ley del Jurado.
Jonathan Moya
Jonathan Moya
EUROPA PRESS/ARCHIVO

La defensa de Jonathan Moya, principal imputado por el secuestro y muerte de la bebé onubense de 16 meses de Palma del Condado (Huelva) Míriam, ha solicitado al juez instructor la practica de una nueva batería de pruebas encaminadas a indagar sobre la participación en el crimen de una tercera persona, a la que identificó con nombres y apellidos en sede judicial Moya González durante la comparecencia de la Ley del Jurado.

Ha interesado, entre otras, que se analice una conversación contenida en las escuchas telefónicas que obran en la causa y en la que se haría referencia a él bajo un sobrenombre y "a su posible participación en los hechos", así como que se cite a declarar a los dos interlocutores de la citada conversación, ha indicado a Europa Press el letrado José Ramón Cantalejo.

Cabe recordar que Cantalejo interesó el mismo día en que prestó declaración su patrocinado que se procediese con "urgencia" a "localizar y a tomar declaración" a este hombre, "acusado de forma clara, directa y diáfana" por Moya González, y recordó que, en las muestras biológicas recogidas del cuerpo sin vida de Míriam, se detectaron "alelos extras de procedencia desconocida" cuyo ADN no coincidiría con las características genéticas de la madre de la menor, Gema Cuerda, ni con las de los investigados hasta el momento.

El escrito, elevado este miércoles al Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, amplía la petición ya realizada hace una semana para que se proceda a la reconstrucción de los hechos y concreta para se averigüe cómo la bolsa que contenía el cuerpo sin vida de la pequeña, con un peso de 43,2 kilos, "llegó desde el exterior del vallado al fondo de la balsa" de riego y quedó "en la posisición en la que se encontró".

"Se trata de analizar si bastó con la intervención de una sola persona o fueron necesarias dos para esta operación", indica.

En esta línea, pide que se amplíe, asimismo, la inspección del vehículo intervenido a Moya González en busca de "huellas dactilares que puedan aparecer en la zona trasera como consecuencia del apoyo de las manos de una persona que hubiera podido empujar" y que se compare el ADN "desconocido" con el de esta tercera persona.

Las otras diligencias de prueba solicitadas están relacionadas con el informe definitivo de autopsia, que achaca el traumatismo craneoencefálico que sufrió la bebé al "choque repetido de la cabeza de la niña" sobre una "superficie plana" en una "actitud violenta" cuyo "desencadenante —sostiene— pudo ser la frustración que el agresor pudiera experimentar mientras lloraba el bebé".

Concluye, asimismo, que la "asfixia mecánica" que sufrió se produjo "por oclusión" de las fosas nasales y de la boca "mediante el film de plástico que le rodeaba completamente la cabeza y el cuerpo" cuando fue encontrada el 27 de diciembre de 2012, tras siete días en paradero desconocido, una balsa de riego próxima al Cortijo Torre de Marfil, en Fiñana (Almería).

Versión de una "caída fortuita"

Cantalejo interesa que los forenses del Instituto de Medicina Legal "ilustren" sobre si las lesiones "son o no compatibles con una caída fortuita por el monte o por el campo al ser trasportada en brazos durante la marcha de un varón de corpulencia media", tal y como sostiene Moya González en su versión de los hechos, y que determinen si hay indicios en el cadáver como "restos de arena o piedrecillas", así como el "instrumento o lugar" en el que pudieron producirse "los golpes en la cabeza".

El Instituto de Medicina Legal (IML) data la muerte de la pequeña entre el 24 y el 25 de diciembre de 2012. Su presunto secuestro fue denunciado el día 20 por la madre Gema Cuerda, quien relató a los agentes del puesto de la Guardia Civil de Gérgal que Moya González, con mantenía entonces una relación, se había llevado "a su hija y todas sus pertenencias" tras una "fuerte discusión".

En un primer momento, descarta el "origen accidental" de este debido "los múltiples focos de contusión" en la cabeza y "las improntas de dedos" en el rostro y en el tórax, lo que, según remarca, sugiere "un choque repetido de la cabeza de la niña sobre una superficie plana, posiblemente asociado a caídas y/o sacudidas violentas sujetándole por el tórax".

Los forenses apunta a que "probablemente" el "desencadenante" de esa "actitud violenta" fuera la "frustración" en el agresor porque lloraba el bebé, "con lo que en principio esta lloraría aún más, hasta que deja de llorar a causa de la lesión cerebral". Argumentan que la hipótesis "viene avalada" por lesiones en la "cavidad oral, sugerentes de tapar bruscamente la boca cuando estuviera llorando".

Jurado popular

Un jurado popular será el encargado de enjuiciar el rapto y muerte de la niña Míriam mientras que la presunta agresión sexual del principal imputado, Jonathan Moya, a su madre, Gema Cuerda, se tramitará mediante sumario de forma separada.

En su último auto, el juez Jesús Miguel Hernández señala que existen indicios de la participación de Jonathan Moya "en una agresión sexual hacía" Gema Cuerda en un paraje del término municipal de Nacimiento y "en la sustracción" el 20 de diciembre de 2012 "contra la voluntad de su madre" de la bebé Míriam.

Añade que al margen de los delitos de asesinato y detención ilegal, cuya imputación a Moya González califica de "verosímil" y que debe tramitarse como tribunal de jurado, procede deducir testimonio para incoar el "oportuno sumario" que permita "averiguar y hacer constar" si Gema Cuerda fue víctima de una agresión sexual antes de que secuestrarán presuntamente a su hija.

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicitó durante la comparecencia de Ley del Jurado celebrada este miércoles el sobreseimiento de la causa para Raúl R.F., a quien se le imputaba un presunto delito de encubrimiento, al considerar que no hay indicios de su participación en los hechos. La acusación particular, por su parte, la ha mantenido.

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