El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) se ha dirigido al Defensor del Pueblo para transmitirle su queja por "la parálisis" de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en la tramitación de los recursos administractivos.

Y es que, según denuncia STEC en un comunicado, la Consejería "no se contesta desde hace más de un año a cientos de recursos administrativos que, por diferentes motivos, plantean docentes de la enseñanza pública".

En este punto, ha indicado que, según información interna de la Consejería a las que ha tenido acceso el sindicato, "son cerca de 300 los recursos que duermen el sueño de los justos almacenados en armarios del departamento de Educación". "A corto y medio plazo no hay ninguna perspectiva de que este problema se empiece siquiera a abordar", ha asegurado.

Mientras, ha lamentado que las personas que esperan una contestación oficial a sus demandas, "ven pasar el tiempo" (más de un año en muchos casos) y, "a través del silencio, se les hurta el derecho de defenderse" por la vía administrativa y se les obliga a tener que acudir a los tribunales de lo Contencioso Administrativo, con los consiguientes desembolsos económicos que conlleva la vía judicial.

STEC ha denunciado que, aunque no es un asunto que repercuta de forma directa en el servicio educativo público, son temas que "afectan de manera muy grave al profesorado que mantiene litigios con la Administración educativa".

"Los asuntos que se demandan hacen referencia a malas baremaciones que han supuesto perder una oposición, errores en las listas de profesorado interino que han implicado perder el trabajo, errores en los concursos de traslados o en las nóminas, se trata de asuntos que para los docentes afectados suponen gravísimos quebrantos en su vida profesional y personal y a los que hace más de un año no se les da ninguna respuesta oficial", ha advertido.

Además, ha criticado que la Consejería de Educación "hasta ahora viene respondiendo con evasivas a este asunto y no quiere reconocer que los recortes en el personal funcionario y laboral que trabaja en ese departamento, están deteriorando su funcionamiento administrativo interno".

"La reducción de personal debido a la tasa de reposición cero (cuando se jubila un funcionario no se repone su baja definitiva por un nuevo trabajador) está pasando factura y los primeros en notarlo son los docentes de la pública que tienen pendientes recursos de alzada y esto, por ende, está perjudicando al alumnado, deteriorando la calidad de la Enseñanza Pública", ha denunciado el sindicato.

En su opinión, si a estos "recortes" se suma la "mala organización", de la que cree que "únicamente son responsables los políticos" que están al frente de Educación, se entiende "el colapso y el caos interno al que se está precipitando la Consejería".

Finalmente, ha señalado que la queja presentada ante el Defensor del Pueblo se centra en el derecho que todos los empleados públicos a utilizar la vía administrativa para defenderse, al tiempo que se denuncia "el abuso que supone la utilización sistemática del silencio administrativo" y que está derivando "buena parte de las demandas" al ámbito judicial.