La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha valorado el esfuerzo de austeridad y de eficiencia en el gasto público realizado por el Gobierno andaluz, que ha posibilitado un ahorro de 595 millones de euros entre 2008 y 2014 en la Comunidad.

Además, ha precisado que no ha sido un ahorro indiscriminado, sino que se ha conseguido preservando la prestación de servicios públicos fundamentales, "sin trasladar a los andaluces y andaluzas un ajuste en temas tan sensibles como pueden ser la sanidad o la educación".

En comisión parlamentaria, Montero ha destacado la importante reducción alcanzada en este período en algunas partidas de gasto operativo, como en atención protocolaria y representativa (-85,9 por ciento); reuniones, conferencias y cursos (-82 por ciento); edición de publicaciones (-74 por ciento); estudios y trabajos técnicos (-67,2 por ciento), material de oficina (-63,1 por ciento); dietas y gastos de locomoción (63 por ciento); mantenimiento y conservación (-37,3 por ciento) y los gastos de arrendamiento (-34,5 por ciento).

La consejera ha apuntado, asimismo, que los gastos de personal se han reducido un 2,8 por ciento respecto a 2012, y ha garantizado que el objetivo del Gobierno andaluz es restituir "en el menor plazo posible la situación al colectivo de empleados públicos de la Junta de Andalucía". Ha recordado que "en el momento en que las arcas públicas noten la recuperación económica, esperamos poder restituir algunos de los derechos parcialmente aparcados".

Para ello, ha vuelto a demandar un "reparto más equitativo del límite de déficit entre Administraciones", solicitando que el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2014 pase del -1 por ciento del PIB fijado a un -1,3 por ciento", que son las tres décimas a las que ha renunciado el Estado en el Programa de Estabilidad 2014-2017 remitido recientemente a Bruselas.

Aunque Montero ha indicado que, en 2014, Andalucía ha reforzado los mecanismos de control del gasto y que mantiene su compromiso con la estabilidad presupuestaria, ha aprovechado su intervención para mostrar su desacuerdo con la "intensa política de austeridad" que lleva a cabo el Gobierno de España.

En concreto, la consejera ha recordado que, cuando se inició la legislatura del PP a finales de 2011, el gasto público en España representaba el 45,7 por ciento del PIB, 3,7 puntos por debajo del gasto medio de la Zona Euro. Y, según los últimos datos publicados por Eurostat, este diferencial ha alcanzado los 5 puntos al cierre de 2013 (44,8 por ciento del PIB), muy alejado de los niveles de gasto público de países como Suecia (52,9 por ciento), Finlandia (58,5 por ciento) o Dinamarca (57,1 por ciento), que son referencia en Europa por los servicios públicos que ofrecen a sus ciudadanos y con tasas de paro muy por debajo de la media de la Eurozona, ha argumentado Montero.

"Resulta difícil comprender la senda de gasto público recogida en el Programa de Estabilidad 2014-2017 porque, de nuevo, el Gobierno central vuelve a cargar el ajuste del déficit sobre el gasto público" que se reducirá desde el 44,8 por ciento del PIB en 2013 hasta el 40,1 por ciento en 2017", ha criticado la titular de Hacienda.

A su juicio, el Programa de Estabilidad prevé un importante descenso del gasto público global, cercano al 16 por ciento entre 2012 y 2017, lo que pone claramente de manifiesto que la alternativa de política económica que ha decidido tomar el Gobierno de España es "la alternativa de los recortes, incidiendo en los gastos, cuando debía presentar ya una alternativa contundente en la vertiente de ingresos".

"Cuando nos dice que entre 2012 y 2017 va a caer el peso del gasto en salud un 13,3 por ciento, el de la Educación un 13,6 por ciento y el de protección social un 7,5 por ciento se trata del desmantelamiento de los servicios públicos fundamentales", ha denunciado Montero, quien ha explicado, además, que el Gobierno central va a hacer recaer el peso de este ajuste sobre las comunidades autónomas, que son las responsables de prestar estos servicios públicos fundamentales.

Profundizando en esta idea, la consejera ha indicado que el documento enviado a Bruselas evidencia que "mientras los ingresos de la Administración central se incrementaron en 2013 un 4,5 por ciento, los de las comunidades sufrieron una merma del 14,7 por ciento. Pese a ello, las regiones tuvieron que disminuir su nivel de gastos un 15 por ciento, frente a una reducción del 12,8 por ciento de la Administración Central", aclaró.

Para 2014, la consejera ha lamentado que "se vuelve a exigir a las comunidades autónomas un importante ajuste, hasta alcanzar un déficit del -1 por ciento del PIB, una reducción superior a los 5.000 millones de euros", mientras que Estado renuncia a tres décimas de déficit. Por ello, ha reiterado que Andalucía "peleará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera para conseguir estas tres décimas para las comunidades autónomas".

"Sería esencial y fundamental recuperar esas tres décimas del objetivo de déficit para las comunidades o que se comparta anticipadamente la recaudación efectiva del Gobierno central y no se demore la recaudación de años posteriores; hay que cambiar para que el Gobierno no nos considere ciudadanos de segunda", añadió.