La provincia de Cádiz ha registrado ya 1.016 solicitudes para el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, lo que supone por el momento una inversión inducida estimada de 10,7 millones de euros en el territorio. Por tanto, la provincia no agota aún su presupuesto para estos incentivos, pues le corresponden 22,3 millones de euros.

Según indica la Junta en una nota de prensa, por el Decreto-Ley que regula estas medidas, que se rige por criterios de población acordes con la cohesión territorial, a Cádiz le corresponden 22,3 millones de presupuesto para estos incentivos de los que pueden beneficiarse ciudadanos, comunidades de vecinos, empresas privadas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro.

El Programa, aprobado esta primavera, tiene como finalidad "fomentar el ahorro, eficiencia energética, mejora de las instalaciones y el uso de fuentes renovables en edificios de Andalucía".

Las personas interesadas tienen hasta 48 actuaciones diferentes para solicitar incentivo, con una cuantía máxima de 200.000 euros por beneficiario, y lo único que deben hacer es ponerse en contacto con alguna de las empresas adheridas al programa, que en el caso de Cádiz ascienden actualmente a 454 empresas.

El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, José Manuel Miranda, insiste en que el citado Decreto regula incentivos para desarrollar proyectos energéticos en edificios busca favorecer a las "economías reales" de los ciudadanos.

El programa permite actuaciones como la renovación de ventanas o huecos acristalados; elementos para la protección solar y el sombreado; estufas de biomasa y equipos de solar térmica; y aislamiento en cerramientos, cubierta o suelo, entre otras.

En total, se encuentran adheridas al Programa 5.981 empresas cuyo listado completo se localiza en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE). El acceso a los incentivos se realiza siempre a través de estas empresas adheridas, que actúan como colaboradoras de la AAE en la tramitación de las ayudas.

Según datos de la AAE, la mitad del parque inmobiliario andaluz, construido antes de la entrada en vigor de las normas de eficiencia energética, es susceptible de obras de renovación que permitirían ahorros superiores al 70 por ciento en los hogares.

A ello hay que añadir, en el origen del Decreto de Construcción Sostenible, cómo el encarecimiento del precio de la energía "está lastrando en los últimos años las economías de muchas familias andaluzas afectadas por la actual crisis económica".

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