La juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha citado a declarar este miércoles en calidad de imputados al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón y a otras tres personas que, igualmente, formaron parte entre los años 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA/IDEA, la entidad pagadora de las ayudas investigadas.

De este modo, y además de a Bueno Lidón, la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputados a Rafael Herrera Gil, que fue secretario general de Empleo entre 2003 y 2004; a Ana María Peña Solís, exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación, y a Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales.

También estaba prevista para este miércoles la declaración del presidente de Unicaja, Braulio Medel, pero la juez accedió a suspenderla hasta el próximo día 5 de junio debido a que el abogado tiene que asistir este miércoles a un juicio.

Respecto a Bueno Lidón, que fue secretario general de Industria hasta 2001 y a partir de 2002 presidente de El Monte de Huelva y Sevilla, la magistrada señala que asistió en total a 26 sesiones de las 32 analizadas del Consejo Rector de IFA, en las que se le dio cuenta "mediante concreta información" de la firma de 60 convenios suscritos entre IFA/IDEA y la Dirección General de Trabajo "para el pago de subvenciones comprometidas por la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación".

"A ninguno de dichos convenios, ejerciendo su labor de control, opuso reparo alguno", asevera la magistrada, quien añade que "existe constancia de que tomó conocimiento del déficit presupuestario producido en la Consejería de Empleo" en la sesión de 11 de junio de 2007 por importe de 58 millones de euros, "y pese a ello votaría posteriormente en distintas sesiones a favor de once convenios entre la Dirección de Trabajo e IDEA".

Hay que recordar que, en total, la juez ha citado a declarar a 25 imputados a lo largo de esta semana, aunque los primeros nueve imputados que han comparecido ante la magistrada durante el lunes y el martes se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.