El auto del caso Tomares señala que los informes "fueron elaborados en febrero de 2013"

El auto del Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla que eleva al Tribunal Supremo la investigación del contrato gracias al cual el actual concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo del Consistorio de Tomares, el popular Juan Campos, trabajó para el Consistorio durante el anterior mandato, cuando aún no formaba parte de la Corporación local, expone que los informes objeto de su contrato "fueron elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año (...) con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas".
José Luis Sanz, este jueves
José Luis Sanz, este jueves
EUROPA PRESS/PP-A
José Luis Sanz, este jueves

El auto del Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla que eleva al Tribunal Supremo la investigación del contrato gracias al cual el actual concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo del Consistorio de Tomares, el popular Juan Campos, trabajó para el Consistorio durante el anterior mandato, cuando aún no formaba parte de la Corporación local, expone que los informes objeto de su contrato "fueron elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año (...) con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas".

Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del edil popular del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.

Las fuerzas de oposición denunciaban que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.

Imputado eloy carmona

El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos. El Ayuntamiento, de su lado, defendía que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado.

Después, el juez instructor imputó además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.

Una vez que el pasado 27 de marzo Eloy Carmona prestó nuevamente declaración como imputado, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, a través de un auto fechado el 30 de abril y recogido por Europa Press, señala la "fase de la instrucción" alcanzada y la "condición de aforado" del alcalde, José Luis Sanz, al ostentar un acta de senador por Andalucía, porque "procede estimar la incompetencia de este juzgado para continuar la instrucción y dirigir en su caso la imputación frente al mismo (...), por lo que procede acordar la remisión al Tribunal Supremo, órgano competente para ello".

Los informes

A la hora de desgranar los hechos investigados durante la instrucción, la juez María de los Reyes Flores Canales concreta en este auto que las diligencias ponen de relieve que "los informes aportados por Campos ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas, pues se acredita la veracidad de la declaración de Bretones (técnico del Ayuntamiento), cuando afirma que Campos le pide que elabore informes para aportarlos, concluyendo el informe emitido al efecto por la Policía Científica que tales documentos fueron elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año, si bien no se ha podido localizar el ordenador con el que, en su caso, el señor Campos elaboró los informes que aporta".

"Los indicios nos permiten concluir que (los informes) son creados a tal fin y en tales fechas en el año 2013, pues incluso lo que resulta adverado en el informe policial es que las fotografías que los ilustran no fueron tomadas en las fechas indicadas, en los años 2007 y 2008, sino en fechas posteriores", señala el auto, según el cual no queda acreditado que "Campos elaborase informe alguno" en el periodo en el que cobró del Ayuntamiento, toda vez que "no se esclarece qué tareas realizaba cada mes para sustentar las facturas que emitía".

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