Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) sobre la fiscalización del ejercicio 2011 de determinadas áreas del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla), gobernado ese año seis meses por Joaquín Benítez (IU-CA) y el resto del ejercicio por Isabel Ortiz (PSOE) al mediar elecciones municipales, refleja que este consistorio incumplía en tal año "el principio de estabilidad presupuestaria sin que se haya elaborado un plan económico financiero" para corregir tal aspecto, censurando además la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El resumen del informe, recogido por Europa Press, expone numerosas deficiencias, pues por ejemplo "el trabajo realizado sobre el sistema de control interno y las limitaciones al alcance han puesto de manifiesto una serie de deficiencias que impiden asegurar la fiabilidad de los estados contables de la Corporación, la coherencia interna entre los distintos estados, la integridad de las transacciones realizadas y el control y salvaguarda de los activos".

"El Ayuntamiento no dispone de una herramienta que permita identificar todos los bienes inventariables. Esta situación impide la adecuada salvaguarda de los activos, así como el control sobre el reflejo de estos bienes en la contabilidad de la corporación", indica además el resumen del informe en cuanto a las "conclusiones" del mismo. El resumen, además, advierte de que "no se han realizado los informes de morosidad que se han de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas" y el Ayuntamiento tampoco dispone de "una Relación de Puestos de Trabajo" pese a ser su obligación y pese a que "la reducida dimensión de la plantilla de la Corporación impide asegurar la adecuada segregación de funciones".

La deuda del ayuntamiento

Del mismo modo, "se han detectado una serie de importes que deberían figurar como deuda de la Corporación, como son los ingresos derivados de la participación de los municipios en tributos del Estado (PIE) cobrados en exceso en los años 2008 y 2009" y sería necesario "provisionar los importes correspondientes a los procedimientos judiciales abiertos". "La Corporación debería realizar un análisis de las situaciones litigiosas en curso y valorar la necesidad de contabilizar una provisión en función de la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de una salida de fondos de la Corporación", avisa la Cámara de Cuentas sobre los litigios judiciales en curso.

Del mismo modo, entre las conclusiones de este informe figura el hecho de que "los anticipos de caja fija no se ajustan a lo establecido" en la propia base 23 de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para 2011, toda vez que "la Corporación no realiza arqueos de caja periódicos" y "el informe de la Intervención indica que se incumple el principio de estabilidad presupuestaria sin que se haya elaborado el plan económico financiero contemplado en el artículo 20 del Real Decreto 1463/2007".

Por último, expone el informe entre sus conclusiones que en las cuentas analizadas, "existen diferencias entre la relación de deudores y los saldos que figuran en los estados contables".