El Gobierno regional aplicará la reciente sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para fijar las indemnizaciones que percibirán los afectados por viviendas con sentencia de derribo, decisión que el colectivo que les agrupa, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), ha tachado de "golpe durísimo" y "puñalada en el corazón", toda vez que, según su portavoz, Antonio Vilela, supone para ellos una pérdida patrimonial superior al 60%.

Así lo ha expresado al término de una reunión con el presidente del Ejecutivo, Ignacio Diego, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el diputado del PP Iñigo Fernández, celebrada este sábado en el Parlamento autonómico, donde los representantes de AMA también han sido recibidos por portavoces de los grupos Socialista y Regionalista, Miguel Ángel Palacio y Rafael de la Sierra, respectivamente, y por el jefe del Legislativo, José Antonio Cagigas.

Vilela, que ha tachado de "frustrante" la reunión, ha lamentado que el Gobierno les haya confirmado que para valorar las viviendas condenadas a la demolición se vaya a regir por los criterios del citado fallo, que fija la cuantía de la indemnización que el Ayuntamiento de Argoños tendrá que pagar a los propietarios de tres casas de la urbanización Pepín Cano de Argoños, y que, como ha indicado, equivale al valor de las escrituras más el IPC hasta el momento en que se dicta sentencia.

Esto supone, para los que no tienen "culpa de nada" y no han hecho "nada ilegal", una pérdida de más del 60 por ciento de su patrimonio. "Eso no es hacer justicia", ha opinado Vilela, que ha criticado tanto a los representantes políticos como a los jueces por "jugar" con sus derechos patrimoniales y "castigar" a ciudadanos que "no tienen culpa de nada", ha insistido.

Cumplir la ley

Por su parte, el presidente del Gobierno, que se ha dirigido primero a los medios de comunicación y después a los cerca de 200 afectados de AMA concentrados en el exterior del Parlamento, ha explicado que el Gobierno tiene que "cumplir" la ley y "respetar" las sentencias y "el dinero de todos los cántabros", así como evitar extremos que puedan incurrir en un delito de malversación de fondos o prevaricación. "Ni queremos ni podemos" hacerlo, ha zanjado.

De todas formas, Ignacio Diego ha reiterado, ante los periodistas y los manifestantes, —a los que se ha dirigido con un megáfono y tras ser recibido al grito de "dimisión"—, el compromiso de su Gobierno con los afectados, y ha destacado que antes de que acabe el año estarán legalizadas del orden de 400 de las cerca de 600 viviendas con sentencia de derribo que hay en Cantabria, gracias a las autorizaciones provisionales.

Así, tras iniciarse el proceso con la concesión de estas autorizaciones a viviendas de Escalante, seguirá, antes del verano, con las casas afectadas de Miengo, y, después, a partir de septiembre, con las de Piélagos, para acabar el año con las de Argoños, según ha citado el jefe del Ejecutivo, que se ha comprometido a "seguir trabajando" y "cumpliendo los compromisos" adquiridos con este colectivo.

Y a los propietarios del resto de construcciones, las que no encajen en este planeamiento del Ejecutivo, se les irá construyendo su casa, "vivienda por vivienda", antes de que la actual sea demolida, ha asegurado el jefe del Ejecutivo. A este respecto, el consejero ha señalado que las nuevas viviendas que se construyan serán "dignas" y "equiparables" a las que los afectados tienen en la actualidad. Serán, ha apostillado, "similares" o "probablemente mejores".

En cuanto a las sentencias y a las decisiones judiciales, Fernández ha dicho que "somos y seremos siempre respetuosos" con las mismas, de modo que a la hora de hacer las valoraciones aplicarán los criterios de los jueces.

No obstante, a sus ojos, el panorama de los afectados por los derribos es "bastante esperanzador" porque la "inmensa mayoría" de las viviendas condenadas a la demolición se van a legalizar, mientras que las que se derriben serán sustituidas por otras "similares", ha reiterado.

"Todos tendréis autorizaciones provisionales", ha manifestado el titular de Urbanismo, para apostillar que los que "no" las obtengan, que serán "muy pocos", dispondrán de otra casa. En cualquier caso, se ha ofrecido a volver reunirse con los afectados y darles "detalles" de los pasos que se van dando.

"20

Años con este rollo"

Los afectados por los derribos que se han desplazado este sábado a Santander, con motivo de una nueva edición de la marcha 'El tren de los inocentes', tenían previsto también, además de ir al Parlamento, acercarse ante las obras del Centro Botín que se está construyendo en la capital cántabra, frente la Paseo Pereda y la Bahía, para denunciar la "doble vara de medir" de las administraciones.

Sin embargo, han tenido que suspender esta 'segunda marcha' por las calles de la ciudad al prolongarse más de lo esperado la reunión con los representantes del Gobierno y el Parlamento. De hecho, a la salida de la reunión, el diputado del PP ha estado con los afectados concentrados ante la sede del Legislativo, en un encuentro al que luego se han sumado el presidente y el consejero y en el que se han vivido algunos momentos de tensión, entre gritos y reproches.

Los afectados han reprochado a los dirigentes públicos que llevan "20 años con este rollo", en alusión al tiempo que vienen padeciendo este problema y esperando una solución.

"No queremos dinero, queremos nuestras casas, pero por todo (el valor), no por el 40 por ciento", ha gritado un afectado, que ha recriminado a los políticos que les estén "engañando desde el primer momento". "Ustedes incumplen lo prometido por activa y por pasiva", les han espetado, al tiempo que han expresado que se sienten "engañados".

Otra mujer ha explicado a los dirigentes públicos que su hija "nació con el problema" y les ha preguntado si esto "no es para caerse la cara de vergüenza". También les han recordado que entre los afectados hay "gente mayor y con enfermedades".

Iñigo Fernández, que admite que es "normal que la gente esté caliente", no cree sin embargo que se solucione nada "dimitiendo", como exigen algunos afectados.

El parlamentario del PP les ha indicado que "lo primero es salvar las viviendas", en alusión a las que cerca de 400 que se pueden legalizar este año con las autorizaciones provisionales, para después "dar otra casa" a los propietarios a los que se las haya que tirar. En cualquier caso, les ha garantizado que no se derribará "nunca" hasta que se les entregue la vivienda de sustitución.