La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía), junto al Observatorio de la Salud Mental de Andalucía (OSMA), ha suscrito un manifiesto, fruto de la jornada sobre 'Salud Mental en la reforma del Código Penal' que se celebró el pasado martes 13 de octubre en el Parlamento de Andalucía y a la que asistieron más de un centenar de personas, que se posiciona frente a la proyectada reforma del Código Penal, que el colectivo tilda de "antisocial" y "sustentada en el estigma".

En una nota, Feafes expone que el manifiesto, que ha recibido el respaldo del Defensor del Pueblo Andaluz, ha sido firmado por la Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría, Asociación Española de Neuropsiquiatría, Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cermi-Andalucía, Escuela Andaluza de Salud Pública, Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental, Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía), Foro Andaluz de Bienestar Mental, Programa de Salud Mental y Unión Progresista de Fiscales.

Este escrito recoge los argumentos "científicos, jurídicos, sanitarios, sociales y razones de humanidad y justicia social" que se expusieron en la jornada por profesionales de prestigio como el coordinador del Foro Andaluz de Bienestar Mental, Fernando Santos; el coordinador autonómico del Programa de Salud Mental, José Carmona; o el director del Departamento de Programas, Investigación y Evaluación de Faisem, Marcelino López.

Las entidades firmantes se suman a la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental frente a la reforma del Código Penal que quiere lleva a cabo el Gobierno de Rajoy, "y que supone un ataque frontal y cruel a los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, al vulnerar tanto la Constitución española como los principios y preceptos contenidos en la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad".

Y es que, a su juicio, "atenta contra los derechos fundamentales de las personas a través del establecimiento de la figura de la cadena perpetua generando una grave inseguridad jurídica, contraria a la recuperación y la reinserción social de las personas con enfermedad mental".

Las entidades firmantes del documento reivindican "sin fisuras" el modelo de atención y apoyo a los problemas de salud mental basados en la continuidad de cuidados prestados por el sistema público, universal y gratuito de salud, en comunidad, orientados la recuperación, integración social y empoderamiento de las personas afectadas por un problema de salud mental.