Manuel Ruiz de Lopera, ex máximo accionista del Betis, ha recurrido su procesamiento porque no se ha demostrado el perjuicio causado ni sus "gastos innecesarios" y la jueza ha hecho un "relato fabulado e inverosímil" sobre su supuesto "plan preconcebido" para hacerse con el club.

El abogado de Lopera, en un recurso, rechaza el supuesto perjuicio de 24,9 millones de euros que, según los peritos judiciales, causó su gestión pues son "básicamente el resultado de computar la totalidad de los ingresos canalizados a través de las sociedades auxiliares y sólo una fracción de los gastos".

Además rechaza los gastos calificados como "innecesarios" por los peritos, entre los que se encuentran los sueldos de los peones de mantenimiento del estadio, los acomodadores, el encargado del marcador o las limpiadoras, por lo que exige una "concreción" para poder llevar a cabo una "defensa cabal", ya que la Inspección de Hacienda sí que consideró esos gastos como propios de la actividad deportiva.

"La misma pregunta cabe hacerse respecto de las más de 40.000 retribuciones individuales satisfechas por este concepto durante los 15 ejercicios a que se refiere esta causa", dice el recurso.

La jueza Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, ha dictado auto de procesamiento contra Manuel Ruiz de Lopera y otras siete personas por entender que llevó a cabo un "plan preconcebido" desde que fue vicepresidente económico del club, que diseñó "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio".

Entre otros, la defensa dice que esta causa comenzó en 2008, se acerca a los seis años de duración y desde julio de 2010 Lopera soporta unas medidas judiciales "drásticas y radicales" como es la administración judicial de sus acciones.

Esa "excepcional demora" no ha sido propiciada por Lopera sino por los peritos y el juzgado, ya que los expertos fueron nombrados en julio de 2008 y emitieron su informe final en junio de 2012.

"El summun de lo incomprensible", sostiene la defensa, es que el perito del juzgado que ahora acusa a Lopera "dictaminó lo contrario" cuando actuó como inspector de Hacienda en las empresas de Lopera.

En cualquier caso, la defensa afirma que ha demostrado "de forma clara y contundente" que el supuesto perjuicio económico ha sido contabilizado por duplicado por los peritos "por cuanto la citada cantidad está ya incluida en el montante de los 13,7 millones de euros en que cifran el perjuicio relativo a los recursos del Real Betis".

Reprocha además a la magistrada haber "ignorado los múltiples escritos presentados por esta parte en los que ha rebatido, con todo lujo de detalles, las reflexiones y conclusiones periciales".

Entre otros, Lopera critica que los peritos judiciales le atribuyan "gratuita e infundadamente un relato fabulado e inverosímil sobre un supuesto plan preconcebido en tres fases" durante la conversión del Betis en Sociedad Anónima Deportiva (SAD).