El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, se ha mostrado convencido este miércoles de que no habrá problema para decidir "prioridades" si el Gobierno central cede a las comunidades autónomas, tal y como le ha pedido la Junta de Andalucía, las tres décimas del objetivo de déficit a las que va a renunciar. "Seguro que nos ponemos de acuerdo", ha añadido.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Castro se refería así a las discrepancias surgidas entre el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, en relación a dónde habría que destinar dicha cantidad.

Como se recordará, Montero aseguró que habría que destinarlo a restituir los derechos de los funcionarios para que éstos puedan recuperar la paga extra, mientras que Valderas consideraba que la prioridad debía ser la creación de empleo.

"Hay muchas posibilidades en Andalucía y seguro que nos pondremos de acuerdo en cuál es la prioridad, si los programas sociales de cobertura al empleo o si restituir la paga extra a funcionarios, siendo estas dos propuestas de un abanico muy amplio", ha apuntado el portavoz parlamentario.

Asimismo, Castro ha dicho que no sabe ya "en que 'round' de la batalla de Andalucía con el Gobierno estamos, si en el cuarto, quinto o sexto". En su opinión, el reparto del déficit que hace el Ejecutivo central es "profundamente injusto" para las comunidades y "especialmente dañino" con Andalucía.

Si bien, ha dicho esperar que en esta ocasión y, en función del comportamiento que tiene Andalucía, "una de las comunidades en mejor posicionamiento de cumplimiento del déficit", el Gobierno de Mariano Rajoy sea "sensible" y tenga un trato "acorde y justo para poder financiar las políticas públicas en Andalucía".

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas informará este miércoles al Pleno del Parlamento sobre la modificación del objetivo del déficit público anunciado por el Gobierno en el marco del Programa Nacional de Reformas del Reino de España aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a la Comisión Europea el pasado 30 de abril y su repercusión en Andalucía.