Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley con sus recetas para reforma el sistema de formación para el empleo, entre las que se incluye asignar a la Administración General del Estado las competencias de control de los fondos que con este objetivo se transfieren a las comunidades autónomas.

En los textos, a los que ha tenido acceso Europa Press y que serán debatidos en el Pleno de la Cámara Baja, la formación magenta defiende que "se debe abordar la importante cuestión del control de los fondos públicos" a la luz de los "recientes escándalos" en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, relativos a dos presuntas tramas de desvío de fondos.

"La compleja red de subvenciones y subcontrataciones del subsistema de formación profesional para el empleo complica el control de los fondos públicos y de los resultados de la formación", dice UPyD. Por ello, añade, deberían "prohibirse las subcontrataciones", que "desvirtúan la selección inicial de beneficiarios de subvenciones públicas y complican su posterior control".

Añade también que "habría que reflexionar sobre la eficacia de los controles formales del gasto que se han venido realizando hasta ahora" y asignar a la Administración central el control de que las comunidades "hacen un uso adecuado de los fondos que se les transfieren para formación".

Acceder a los cursos en igualdad de condiciones

La formación que lidera Rosa Díez también aboga por que la formación para ocupados se articule mediante acciones formativas concretas en lugar de planes de formación para evitar "redundancias e inconsistencias" y conseguir una "mayor coordinación en la oferta" que realizan tanto administraciones públicas como agentes sociales y centros de formación.

Para definir las programaciones de formación, "sería positivo" que el análisis técnico del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE) y de los observatorios autonómicos se tuvieran más en cuenta a la hora de definir los sectores con mayor potencial de empleo y con más necesidades de formación, así como los colectivos de trabajadores con mayores carencias.

Asimismo, haría falta "integrar" los centros públicos de formación profesional para aprovechar mejor sus capacidades, así como garantizar que cualquier entidad tenga los mismos requisitos de acreditación para impartir formación para el empleo, "eliminando la distinción existente entre organizaciones empresariales y sindicales —que no necesitan acreditarse— y entidades de formación acreditadas".

"Esto no significa que las organizaciones sindicales y empresariales deban dejar de dar formación para el empleo, sino simplemente que necesitarían acreditarse y presentar ofertas en pie de igualdad con cualquier otra entidad", se especifica en el texto, apuntando así que todas las entidades que quieran ofrecer formación financiada con fondos públicos deberían cumplir los mismos "criterios objetivos".

Unos criterios objetivos que tendrían que evaluar técnicos de la Administración pública como "garantía de objetividad en el reparto de fondos", y no como sucede ahora, que "los órganos de valoración de las solicitudes incluyen mayoritariamente a miembros de las organizaciones" que solicitan dichas subvenciones. Una situación "anómala" y de "claro conflicto de intereses", denuncia UPyD.

Valorar más los resultados

Con respecto a la forma de selección de las entidades, la formación aboga por ponderar el porcentaje de trabajadores participantes en acciones anteriores que han acreditado un certificado de profesionalidad, los que han conseguido una colocación relacionada con la formación o han mejorado su situación profesional —teniendo en cuenta la duración y calidad de ese contrato—, el coste por alumno y hora y qué entidades son más demandadas por los trabajadores.

Al igual que sucede con la selección de las entidades, el control de los cursos debería ser realizado por los Servicios Públicos de Empleo, que cuentan con "los agentes mejor cualificados para controlar con imparcialidad la calidad de la formación". "Resulta chocante que actualmente sean las mismas entidades beneficiarias de las subvenciones las que realizan la mayor parte de la evaluación. El control interno no puede sustituir a un adecuado control externo", insiste UPyD.

Con respecto a los indicadores a medir en estas evaluaciones de calidad, se proponen aquéllos que "reflejen lo más fielmente posible los fines de la formación", incluyendo la posibilidad de realizar pruebas finales "eminentemente prácticas y adaptadas a las particularidades de la formación" a los trabajadores para conseguir el certificado profesional. "Esto aportaría un plus de objetividad y de prestigio", apunta la formación.

En aras de las transparencia, UPyD recomienda informar públicamente a los ciudadanos sobre los resultados que cada entidad formadora consigue en cada programa de formación, de modo que los trabajadores interesados puedan elegir dónde acudir con más datos.

Formación profesional

La segunda iniciativa de la formación magenta abunda en las mismas líneas de reforma aunque refiriéndose de manera específica a los programas de Formación Profesional para el Empleo, con la vista puesta en conseguir "un mejor ajuste entre oferta y demanda de trabajo".

"Ante la prolongación de la crisis de empleo en el tiempo y las tenues perspectivas de descenso del paro, las políticas públicas dirigidas al colectivo de desempleados deberían ser prioritarias, para evitar que este enorme colectivo caiga en el abandono y la marginalidad", defiende.

Así el partido que lidera Rosa Díez aboga por que sean los Servicios Públicos de Empleo los que decidan qué personas participan en cada acción formativa en función de los colectivos prioritarios y otras variables que se establezcan en la planificación de la formación. No obstante, los parados deberían tener cierta "capacidad de elección" sobre qué cursos le interesan más en función de "su perfil profesional y formativo".

Para ello, es "fundamental informar" a los trabajadores sobre las posibilidades de formación, incluyendo los resultados de las evaluaciones de las entidades formadoras. Asimismo, el parado debería tener la posibilidad de proponer a su oficina de empleo "sustituir las acciones de formación profesional por otras acciones formativas regladas y oficiales dentro del ámbito educativo", manteniendo su derecho de acceso a becas y ayudas.

En este sentido, UPyD defiende que "debe terminar de integrarse la formación educativa en la oferta de formación para el empleo", para que la falta de un nivel educativo adecuado no sea una barrera para los parados. Asimismo, habría que "potenciar" la formación reglada y oficial, sobre todo en materias relacionadas con el cambio de modelo productivo.

Con el objetivo de facilitar la recualificación laboral, los desempleados deberían poder acceder a actividades formativas de cualquier comunidad autónoma, por lo que es "urgente" crear una web única nacional con ofertas de empleo y formación. Y para ampliar las posibilidades del empleo-formación se podría abrir a los parados con prestaciones la posibilidad de realizar colaboraciones sociales y contratos de interés social con la Administración.

Además, sería bueno integrar todas las acciones formativas en las que participen los parados en un certificado de profesionalidad, así como establecer evaluaciones independientes de las competencias adquiridas por los trabajadores mediante una prueba final en Centros Públicos de Formación Profesional.