"Las empresas del sector tienen que tener la absoluta seguridad de que en Cantabria no va a haber fracking". Así lo ha afirmado el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, en respuesta a las críticas de la compañía BNK por la anulación del permiso de investigación 'Arquetu', en las que acusa a la administración regional de provocar "inseguridad jurídica".

El consejero ha replicado que las actuaciones del Gobierno actual "van justo en la línea de dotar de seguridad jurídica en esta materia", una seguridad jurídica que se basa -ha dicho- en "la certeza y la seguridad absoluta de que en Cantabria, con este Gobierno, no se va a hacer fracking".

"La seguridad no puede ser más absoluta", ha dicho Fernández, quien ha reiterado que con el ordenamiento vigente, las posibilidades de hacer fracking en Cantabria son "prácticamente nulas", porque "exigiría que se hiciese en un suelo rústico de especial protección minera".

"Pero es que si el Tribunal Constitucional acepta la constitucionalidad de la ley" que prohíbe el fracking en Cantabria -que se encuentra suspendida tras el recurso del Estado-, "entonces ya no habría la más mínima posibilidad legal de llevar a cabo la técnica del fracking en toda la comunidad autónoma", ha recalcado el consejero.

Tras hacerse público el escrito que BNK ha remitido al Gobierno, en el que comunica su intención de no recurrir la anulación del permiso Arquetu pese a considerar que tiene "sobrados motivos" para acudir a la vía judicial, Fernández ha declarado que "entendemos y comprendemos la posición de la empresa", que "lógicamente no está satisfecha" con la decisión del Gobierno.

"Pero no la compartimos ni en cuanto al fondo, porque creemos que era obligación del Gobierno resolver un recurso de esa naturaleza en una cuestión tan importante", ni sobre todo, ha añadido el consejero, en la crítica sobre la inseguridad jurídica, porque es "absolutamente todo lo contrario".

En su escrito, BNK señala que "la inseguridad jurídica puesta de manifiesto por esa administración, nos hace concebir como absolutamente inviable ninguna actuación en su territorio", y añade que "la conducta de esa Administración no responde a los mínimos e inexcusables estándares que un inversor responsable debe demandar para afrontar una inversión de más de 20 millones de euros".

BNK critica especialmente el "sorprendente rescate" de los recursos interpuestos tres años antes, en 2011, contra el permiso Arquetu, que el Gobierno retomó y resolvió en febrero de este año tras el recurso de inconstitucionalidad del Estado contra la ley que prohíbe el fracking en Cantabria.