Los colectivos Adenex y Ecologistas en Acción han anunciado que exigirán la "completa" ejecución de la sentencia contra el proyecto turístico Isla de Valdecañas, al mismo tiempo que han avanzado que desarrollarán las "acciones judiciales necesarias" para que los "responsables de este desaguisado" respondan por sus "actos".

En una nota de prensa, ambas asociaciones señalan que la Junta de Extremadura "no parece dispuesta a cumplir con la legalidad" a pesar de "la contundencia de las sentencias" del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del Tribunal Supremo.

Adenex y Ecologistas en Acción han exigido la ejecución de las sentencias, así como la asunción de "responsabilidades políticas por parte de los responsables", dado que "ha sido la desidia de la administración ante la normativa ambiental y urbanística" la que "ha llevado a esta situación".

En el comunicado, recuerdan que el Gobierno de Extremadura aprobó en abril de 2007 el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, por el que se recalificaban los terrenos de la llamada Isla de Valdecañas para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo.

Sin embargo, este proyecto "vulneraba de forma clara la legislación ambiental y urbanística", por lo que fue recurrido por Adenex y Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Tras cuatro años de procedimiento, en marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dio la razón a los ecologistas, declarando la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior.

Sin embargo, "de forma insólita, tres semanas después de la sentencia, el Parlamento de Extremadura modificó la Ley del Suelo Extremeña, para permitir la urbanización de los espacios integrados en la Red Natura 2000, entre ellos, la Isla de Valdecañas".

La Sentencia del TSJEx fue recurrida ante el Tribunal Supremo por la Junta de Extremadura, la promotora y los ayuntamientos afectados. Entre tanto, el TSJEx acordó ejecutar provisionalmente la sentencia, pero exigiendo a Ecologistas en Acción "una fianza para la paralización de las obras de 41 millones de euros, algo absolutamente fuera del alcance de una organización sin ánimo de lucro".

En este sentido, las organizaciones ecologistas recuerdan que "la mayor parte de las construcciones se realizaron después de este momento".

Finalmente, en enero de 2014, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del TSJEx que declaraba la nulidad del PIR, al tiempo que ratificaba la necesidad de restituir los terrenos a su estado anterior. A partir de ahí, el TSJEx concedió un plazo al Gobierno regional para que ejecutara de forma voluntaria esta sentencia, algo que "no ha ocurrido".

"imposibilidad legal"

"En lugar de cumplir la sentencia, la Junta de Extremadura alega ahora una imposibilidad legal, apoyándose en las modificaciones normativas realizadas a la carta para tratar de homologar el proyecto", señalan los ecologistas.

Asimismo, el Ejecutivo regional también aduce, según los ecologistas, a una "imposibilidad material", argumentando que los gastos económicos y los impactos ambientales "serían mayores si se demuele lo construido que manteniendo el proyecto". "Incluso llega a sostener que el espacio está mejor conservado desde que ha sido urbanizado".

De esta forma, Ecologistas en Acción y Adenex sostienen que "una vez más se ha tratado de aplicar la política de hechos consumados para legalizar un proyecto que era claramente ilegal desde su inicio". Asimismo, manifiestan que las sentencias judiciales "dejan claro que las administraciones públicas implicadas, lejos de defender el interés general, la legalidad urbanística y proteger el medio ambiente, han actuado amparando el interés particular del promotor urbanístico".

Sin embargo, añaden, "en no pocas ocasiones se trata de dar la vuelta a esta realidad incontestable, cambiando el foco hacia las organizaciones ecologistas, que solo hemos defendido la legalidad".

Ecologistas en Acción y Adenex se han quejado de la "imposibilidad" de lograr medidas cautelares en los procedimientos judiciales frente a proyectos urbanísticos como este. En este sentido, subrayan que una paralización cautelar "habría evitado la mayor parte de los impactos y gastos a los que ahora habrá que hacer frente".

Para ambas organizaciones ecologistas, las alternativas para Extremadura "no pueden pasar por la destrucción de uno de sus principales valores: su paisaje y sus ecosistemas", al tiempo que añaden que se trata de un desarrollo "falso y cortoplacista, como bien demuestra cada día la actual crisis, que proviene precisamente de la burbuja urbanística".

Por el contrario, apuestan por proyectos que "no hipotequen" el futuro y permitan "un mundo rural vivo donde merezca la pena vivir". La agricultura y la ganadería ecológica, las energías renovables, el turismo rural "bien entendido (y no el turismo de élite que se quería promover en Valdecañas) pueden y deben ser campos a explorar. Siempre contando con los extremeños y poniendo por delante el bien común".