El Partido Andalucista (PA) ha reprochado a la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y en concreto a su titular, Luciano Alonso, el coste económico que sus "errores" con los monitores administrativos va a ocasionar a dicho departamento, "en perjuicio y detrimento de las inversiones que la misma tendría que realizar en beneficio de los docentes andaluces".

En un comunicado, la secretaria nacional de Políticas Sectoriales y candidata andalucista a las elecciones europeas por Córdoba, Dolores de Toro, ha puesto de manifiesto, ante la polémica surgida entre los monitores administrativos que deben ser readmitidos tras sentencia judicial condenatoria a la Junta de Andalucía y declarativa de la improcedencia de sus despidos, y los que posteriormente a los despidos fueron contratados como monitores titulados para ocupar sus puestos, que "ése es precisamente el resultado que perseguía la Junta de Andalucía".

Se refiere De Toro a "enfrentar a unos y otros, en vez de reconocer que se equivocaron con los despidos de los que estaban y repitieron error contratando a otros en su puesto sin esperar a tener sentencias firmes sobre la procedencia o no de tales despidos".

Ahora, ha manifestado la andalucista, el coste económico "se multiplica y lo deberemos sufragar todos los andaluces, en especial los docentes, que verán reducidas las inversiones que deberían ir destinadas por dicha Consejería a su formación académica en idéntica proporción al coste de los salarios de tramitación que habrán de pagarse a los readmitidos, más de seis meses en todos los casos; o sus respectivas cotizaciones a la Seguridad Social".

Añadido a todo ello se cuenta "el coste de las inevitables extinciones anticipadas de los contratos de los monitores titulados contratados con posterioridad para sustituir a los primeros, dado que al ser estos readmitidos el puesto amortizado vuelve a estar ocupado por sus precedentes titulares y los posteriores sin trabajo efectivo en el que emplearlos".

Ha asegurado De Toro que "hubiera sido todo mucho más fácil, menos costoso y mucho más legal y ajustado a derecho si cuando la Junta se vio apercibida por la Inspección de Trabajo de tener contratados 840 trabajadores como monitores en fraude de ley hubiera procedido a reconocer su error y hubiese reconvertido sus contratos en lo que ya eran, trabajadores indefinidos, ahorrando costes no ya solo a la Consejería de Educación, sino evitando procesos judiciales innecesarios que sólo han provocado un mayor colapso en los Juzgados de lo Social, perjudicando al resto de ciudadanos justiciables en espera de señalamiento de sus causas".