Luchar contra la decepción y la impotencia, dos de los sentimientos más extendidos ante las elecciones europeas, es el desafío. Para qué votar, si cuando más necesitábamos a Europa como asidero se nos ha empujado a la devaluación interna vía ajuste laboral extraordinario y destrucción masiva de las clases medias, se pregunta una parte de los ciudadanos, convencidos de que no hay mejor castigo que quedarse en casa privando a los políticos de apoyo.

Para la opinión pública, la cara más reconocible del poder en la UE es Merkel, a la que se asocia con los sacrificios. Como si Durao Barroso, actual presidente de la Comisión, o Mario Draghi, presidente del BCE, cumplieran órdenes en vez de liderar la Unión. El día después del 25 de mayo -fecha de las elecciones- Merkel seguirá ahí, ya sea el socialdemócrata Martin Schulz o el conservador Jean-Claude Juncker, el que acabe siendo elegido presidente de la nueva Comisión, con más legitimidad democrática que en elecciones previas al contar con el apoyo directo de los votantes europeos.

Los ciudadanos no echan pestes de la idea de Europa sino de sus políticas y sus líderes. Por eso el reto es movilizar a un electorado que amenaza con ponerse en huelga. “Muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa Europa en nuestras vidas, pero basta con recordar que, aproximadamente el 70% de la legislación española, es hoy legislación europea. Bruselas ha estado ahí para la construcción de infraestructuras en nuestro país, para ayudar a nuestro campo o para promocionar proyectos de naturaleza educativa y cultural”, Esteban Gónzalez Pons, candidato del PP enumera algunas de las ventajas evidentes, igual insuficientes para reactivar la participación.

Los partidos saben que convencer a los potenciales abstencionistas de que la cita con las urnas puede ser clave para su futuro inmediato, es una misión casi perdida. En los dos grandes, de hecho, el objetivo es incentivar a los votantes fieles, esos que ni tan siquiera hoy en día ya están seguros. Entre los partidos pequeños, se busca conquistar el voto protesta de los desencantados y atraer a la masa crítica surgida de los movimientos sociales.

La abstención, sin embargo, se dibuja como la gran triunfadora, no solo en España sino entre los 500 millones de europeos de los 28 países comunitarios que pueden votar. Solo en tres países, Chipre, Italia y Dinamarca, los votantes parecen dispuestos a participar por encima del 50%. De hecho, el sentimiento europeista de los españoles ha descendido un 28% desde mayo de 2009 (Metroscopia), cuando se celebraron los anteriores comicios.

“Hace 5 años la participación fue del 44% y yo creo que ahora superará el 50%” pronostica, con un optimismo superior al que desvelan las encuestas, Ramón Jáuregui, candidato por el PSOE a las próximas elecciones europeas, aunque no duda en señalar que “Europa está mal.

Lo que ha pasado estos cinco años es muy grave. Puede que la Unión haya salido de la UCI pero todavía está en planta. Hay un problema de escepticismo. Los ciudadanos han visto que sus estructuras democráticas han sido superadas por la tecnocracia. España es un ejemplo. Hay que preservar estos 50 años de construcción de una experiencia fantástica desde la diversidad en un continente que ha sido foco de la civilización en los últimos 500 años. Porque lo que se trataba de que fuera un proyecto socialmente justo y políticamente avanzado, ahora está en riesgo”.

La irritación por la promesa rota tiene terapia, votar para que los estímulos sustituyan a las políticas que han conducido al austericidio y Europa vuelva a ser fuente de prosperidad, introduciendo mecanismos que impidan los desequilibrios tan enormes que se están dando. Hasta la fecha, los gobiernos de los distintos países europeos han echado la culpa a la UE de las medidas antisociales que se han tomado, siendo cómplices de convertirla en una madrastra a ojos de la ciudadanía .

El presidente Rajoy, en las contadas ocasiones en las que ha tomado la palabra para explicar los ajustes, ha dejado claro que lo hacía en contra de su voluntad y de su programa, como si una fuerza mayor se lo impusiera y la gestión de la crisis o la capacidad negociadora del Ejecutivo no tuviera nada que ver.

Sin embargo, España ha sido uno de los grandes beneficiarios, no solo ha percibido la solidaridad de los fondos comunitarios sino que tiene una balanza comercial positiva con el resto de la UE, exportando todo tipo de productos. “Desde el punto de vista individual, si no votas, alguien lo hará por ti y estás renunciando a cambiar una situación que no te gusta. Desde el punto de vista colectivo, la hegemonía de Alemania se debe a que no existe contrapeso. El ciudadano igual no se ha enterado que eso puede variar”, insiste el eurodiputado Enrique Guerrero.

“Hay que fortalecer la unión porque fuera hace mucho frío. En un mundo absolutamente global, liderado por China y Estados Unidos, el efecto comunidad de vecinos, de compartir, está bien”, dice el economista y presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros.

Veintinueve años después de que se firmara el acta de adhesión a la UE el 12 de junio de 1985, estos son los aspectos en los que España más se ha beneficiado de ser socio comunitario.

En España hay 900.000 perceptores, entre agricultores y ganaderos, de la Política Agraria Común (PAC), según datos del ministerio de Agricultura. “Para mantener el medio rural, por el que nos gusta tanto pasear y disfrutar los fines de semana, tiene que haber ganaderos y agricultores, que sin ayudas no podrían mantenerlo.

Unas ayudas que en el periodo 2014-2020 serán de 47.000 millones de euros. El 25% de la renta de un agricultor llega de Bruselas”, apunta Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura, que ha tenido que contrarrestar las corrientes nórdicas partidarias de establecer una tasa plana como gran novedad de la nueva Política Agraria Común, una de las políticas tradicionales de la UE y que fue uno de los motores de Europa tras la segunda guerra mundial.

La diversidad española, que junto con Portugal es uno de los países con más variedad de cultivo y producción ganadera, hace preciso que se tengan en cuenta los distintos costes de producción a la hora de establecer ayudas. “En la mayoría de Europa hay cereales y vacas. España es un mundo en sí misma y no se puede homogeneizar las ayudas.

La UE nos aporta mecanismos de seguridad para evitar crisis de mercado, como la última crisis del pepino en la que se inyectó un dinero al caer su precio, y proporciona otro tipo de ayudas, como las destinadas al almacenamiento. Aparte de lo que supone un mercado de libre circulación tan grande. El 70% del vino, el 70% del aceite de oliva y el 50% del porcino, se exporta”, añade Cabanas.

Los productores patrios no conciben el negocio ya sin Europa. Aunque los estándares de producción y calidad son muy exigentes, la fuerza de la negociación colectiva les protege frente a terceros países cuyos controles de calidad resultan más laxos. Y eso que ahora está a punto de cerrarse un acuerdo con Canadá, Estados Unidos y Mercosur, que permitiría la entrada de ingentes toneladas de carne que no se ajustan a la normativa europea, tal y como denuncian los productores desde Asoprovac (Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne).

La famosa ‘movilidad exterior’ con que la ministra de trabajo, Fátima Bañez, bautizó el éxodo de jóvenes y menos jóvenes en busca de trabajo, está causando últimamente recelos en los países de destino. La crisis, como no, y el auge de partidos xenófobos ha puesto en cuestión uno de los pilares de la unión, el de la libre circulación de personas.

Schengen permite cruzar pero solo quedarse tres meses en un país. A partir de tres meses y hasta cinco años, el país de acogida puede exigir que se demuestre que se dispone de medios para la manutención o de un trabajo estable. Si no lo tienes, la directiva permite al Estado miembro expulsar al individuo si el problema en su conjunto representa un peso para la seguridad social.

Pasados cinco años el ciudadano ya tiene derecho a la residencia. “Casi nunca se ha recurrido a esta posibilidad de expulsión, pero con las dificultades de financiación de los servicios públicos y el empuje de los partidos xenófobos, algunos países han empezado a utilizarla creando bastante ruido mediático. El primero fue Cameron anunciando que limitaría la entrada de búlgaros y rumanos. La Comisión le llamó la atención porque no puede restringir la libre circulación (que el Reino Unido no esté en Schengen no significa que pueda impedir la entrada de nacionales de la UE; su no pertenencia a Schengen le permite hacer controles en la frontera pero no rechazar ciudadanos de la UE).

Luego fue la ministra belga de inmigración, una liberal flamenca dentro del gobierno de coalición presidido por el socialista Elio di Rupo, que, ante el auge de la extrema derecha en Flandes, ha resucitado esta medida y la ha aplicado a varios centenares de europeos, entre ellos unos 300 españoles. El último en invocarlo pero sin haberlo aplicado, es el gobierno alemán ante la presión de su socio bávaro más derechista, la CSU”, explica Antonio Quero, que lleva 20 años como funcionario en Bruselas y fue director adjunto del gabinete del comisario de Economia, Joaquín Almunia, cuando estalló la crisis.

La solidaridad y la igualdad que se presuponía a la Unión, se tambalea. La percepción de que existen ciudadanos que quieren chupar de las ventajas sociales de los estados que les acogen hace crecer la desconfianza y fomenta que la fábula de la cigarra y la hormiga

Dar un paso adelante en lugar de hacía atrás en la integración de los ciudadanos europeos es lo que propone el último informe de la Fundación Alternativas, en el que aboga por el derecho a voto de los ciudadanos que lleven cinco años residiendo un país de la UE y la posibilidad de buscar trabajo sin límite de tiempo a partir de ese mismo periodo de residencia, con el fin de crear un mercado laboral único paralelo al de bienes y servicios.

En inmigración exterior, como un recuerdo del pasado queda el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo en países del tercer mundo, aunque Europa sigue siendo a la cabeza de las contribuciones. Mejorar las condiciones de vida en esos países disminuiría las migraciones de personas que, como apunta la oficina del Defensor del Pueblo, no son pobres de solemnidad –que carecen de conocimientos y recursos para emprender la marcha-, sino aquellos con una preparación suficiente como para buscarse la vida en Europa y atravesar larguísimas distancias. Gestionar la inmigración y garantizar los derechos humanos de los que solo pretenden mejorar su modo de vida, es una labor aún pendiente en la UE.

La política de la letra con sangre entra, que Alemania ha logrado imponer en la UE ante la debilidad de los órganos de decisión europeos y que ha conducido a un estancamiento de las economías y a un aumento del paro y las desigualdades, así como a la devaluación interna de los países periféricos, donde se sitúa España, a base de la bajada de los salarios y de servicios sociales, ha logrado hacernos olvidar esa sociedad del bienestar de la que presumíamos antes de la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Antes de que nos convencieran de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y había que pagar por ello.

“Hay que buscar políticas que fomenten el bienestar de la gente. Ahuyentaríamos muchos demonios si lográramos crear una unión como los Estados Unidos, bancaria, fiscal y política. Tal y como se concibió la UE en 1957 era un proyecto saludable, porque en Europa cuando cada país ha ido por su lado, hemos acabado muy mal.

España sigue siendo receptora neta de fondos estructurales y de cohesión que han servido desde para construir infraestructuras hasta para estimular a los empresarios a salir del proteccionismo en los 80 y competir en la liga europea. Pero ahora hay que construir un parlamento fuerte que deje de practicar sadomasoquismo monetario”, explica Emilio Ontiveros, catedrático de Economía en la Autónoma.

Estimular la economía y plantar cara al paro, que en España es del 26%, el segundo país por detrás de Grecia, son dos de las máximas prioridades. “Las reformas estructurales y el objetivo de la consolidación fiscal a largo plazo deben ir acompañados cuanto antes de unas medidas que impulsen la demanda y estimulen el crecimiento”, apremia Loukas Tsoukalis, profesor de integración europea en la Universidad de Atenas, en su libro ‘El triste estado de la Unión’.

La petición de un Plan Marshall europeo es una de las tendencias más en boga entre economistas y políticos, así como establecer una mayor independencia del Mecanismo Único de Resolución para que pueda intervenir con rapidez cuando se produzcan desequilibrios financieros y activar políticas de empleo valientes y comprometidas que frenen la destrucción de puestos de trabajo, que según las previsiones más optimistas no tocará fondo hasta el 2015.

“El BCE debería jugar a ser como la Reserva Federal, con otros estatutos, claro. Tenemos que ser los Estados Unidos de Europa. Y combatir el paro. Para lo que pedimos una inyección 500 mil millones euros. Por supuesto, ampliar los plazos de cumplimiento déficit es una necesidad imperiosa”, recalca Ramón Jáuregui desde el PSOE. “Para ser competitivos hay que estar integrados. Juntos somos más competitivos y sólo podremos mirar a los gigantes económicos a los ojos si todos los europeos sumamos”, añade González Pons, del PP.

Los recortes también han minado uno de los derechos que creíamos plenamente asentados en la Unión Europea, el de recibir tratamiento médico en cualquier país comunitario. Aunque las políticas transnacionales siguen defendiendo la atención a cualquier enfermo con tarjeta sanitaria europea, lo cierto es que los gobiernos de muchos países han criminalizado el uso de la sanidad pública por extranjeros, a los que se acusa de abusar de unos servicios médicos que han visto menguados sus presupuestos. Aun así 20 millones de europeos recibieron tratamiento en otro país en 2010 , según datos de la UE.

La integración sanitaria ha dado un empujón a España favoreciendo la mejora de la calidad de vida, no solo en prevención sino también en la gestión de situaciones de emergencia y crisis transfronterizas. Desde las insistentes campañas antitabaco, que han obligado a adoptar medidas legislativas de protección a los no fumadores en los países más reacios como el nuestro, a la coordinación y acceso a tratamientos como en la pandemia de gripe H1N1 en 2009 o el brote de E.coli en 2011.

La trasposición de directivas han mejorado el control medicamentoso y la seguridad laboral de los profesionales del sector, además de promover la creación de la tarjeta profesional europea, que se aprobó en el parlamento a finales del 2013 para facilitar la movilidad. Con una población cada día más envejecida, la demanda de personal sanitario no deja de crecer. Alemania, seguida de los países nórdicos, es uno de los países con mayor oferta de puestos para médicos y enfermeras.

Y es que la mayor esperanza de vida, que ha pasado de 65 años en los cincuenta a 80 años en el 2010, obliga a intensificar los cuidados y el tratamiento de enfermedades crónicas. Justo en este año 2014 acaba de comenzar el tercer programa plurianual de salud de la UE que sirve para financiar proyectos individuales y apoyo a múltiples iniciativas, y que en sus dos anteriores planes ha contribuido a poner en funcionamiento 673 proyectos.

La UE ha ido elevando las exigencias medioambientales durante las últimas décadas gracias a lo cual, por ejemplo, hoy circulan en Europa muchos más coches que hace treinta años pero contaminan menos en su conjunto.

Ahora se tiene en cuenta el valor de los recursos ambientales que hubieran sido más difíciles de mantener sin el apoyo comunitario. España es, de hecho, el primer destinatario de fondos del programa Life+, que financia proyectos que contribuyen al desarrollo medioambiental.

“Desde la visión de España en el mundo, hay aspectos de competitividad que están ligados a una estrategia que contemple la conciencia medioambiental. Y esto ha sido posible ponerlo en marcha de forma más eficaz y barata a escala comunitaria que si lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta”, explica Teresa Ribero, asesora de energía y clima de Iddri, un potente think tank francés que asesora a gobiernos sobre cambio climático, biodiversidad, etc., y ex secretaria de Estado de Medio Ambiente.

Jugar la baza de la competitividad ambiental es esencial para una economía como la española en la que las empresas no podrán competir en el mundo centrándose solo en la desprotección sociolaboral o en el acceso fácil a materias primas, pues son dos factores en los que siempre habrá países que nos aventajen.

Las infraestructuras que tienen que ver con medio ambiente también han ganado. Tanto en eficiencia en uso de agua, como en depuradoras y saneamientos. Se han introducido principios como el impacto ambiental, normas sobre calidad del aire, centrales térmicas, industrias con emisiones acordes a normativa comunitaria que han acelerado la modernización. No se puede olvidar el componente de solidaridad frente a riesgos ambientales.

“España puede aportar al resto de la Europa soluciones a la escasez del modelo energético, convirtiéndose en exportador de energía sana en base a los recursos masivos de sol y viento”, apunta Teresa Ribero, ya que uno de los principales compromisos comunitarios es aumentar la producción de energías renovables hasta un 20% (solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica) en el total del consumo de energía como uno de los retos para paliar el calentamiento global, junto con la reducción de los gases de efecto invernadero.

Cerca 400.000 estudiantes al año reciben becas para estudiar en otro país europeo. La UE se ha revelado como un espacio de oportunidades para vivir experiencias educativas.

“El plan Bolonia ha permitido la equiparación de los títulos de grado y de los master y doctorados, creando un espacio único. Ha favorecido la cooperación y el intercambio entre profesores, y ha dado un impulso a la investigación”, enumera Germán Rodríguez, prometedor diputado socialista y uno de los miembros más activos de la comisión de Educación, que apunta que las becas Odisea, menos famosas que las Erasmus, ofrecen a jóvenes entre 18 a 30 años la posibilidad de hacer prácticas entre 3 y 7 meses en empresas comunitarias y abren la puerta para el mercado laboral en otros países o para incorporar ese conocimiento a las empresas patrias con vistas a su internacionalización.

Entre los objetivos que la UE se ha marcado para el año 2020 destacan la reducción del abandono escolar a tasas inferiores al 10%. España que se encuentra a la cabeza en abandono escolar temprano, pues el 23,5% deja los estudios tras la ESO o antes de graduarse, cuando la media europea roza el 12%, saldría beneficiada de los programas que se pongan en marcha contra el fracaso escolar. Otra de las metas es que el 40% de los adultos entre 30 y 34 años hayan completado su formación superior dentro de 6 años.

Sin educación, no hay progreso. Y cuando los recortes afectan a la calidad y universalidad de la enseñanza, mal negocio para un país. Reducidas las plantillas docentes y el apoyo a la investigación en las universidades, mientras  suben los precios de las matrículas y las becas pierden equidad,  Europa es la esperanza para no quedarse atrás.