La comisión extraordinaria del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la ordenanza cívica, después de que el equipo de gobierno haya rechazado todas las enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la oposición. Esta normativa se aprobará en el pleno de este mes de mayo y entrará en vigor al mes siguiente.

El teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal, Álvaro Gijón, ha lamentado "las constantes contradicciones de la oposición municipal ya que ahora rechazan una ordenanza que fue aprobada por la Federación de Municipios y provincias (FEMP) cuando la líder municipal del PSIB, Aina Calvo, formaba parte de la federación como alcaldesa.

Gijón, que ha defendido esta futura normativa en la comisión municipal, ha señalado que esta ordenanza es necesaria porque cada año, la Policía Local está recibiendo "una media de 15.000 llamadas por temas que contempla esta nueva normativa".

Según ha indicado el teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal, la Policía Local recibió en el año 2010 un total de 14.659 peticiones, 16.549 en 2011, 15.254 en 2012 y 13.517 el pasado año.

Esta ordenanza, según Álvaro Gijón "ha recibido 2.019 alegaciones de las que 1.852 solicitan su retirada. De 113 artículos, se han modificado 42 y se han incorporado dos nuevos artículos referentes a los punteros láser y a la prohibición de dejar los excrementos caninos en las calles.

"no hay carácter recaudatorio"

En relación con las sanciones, el teniente de alcalde de Coordinación Municipal ha vuelto a negar que la norma tenga un carácter recaudatorio "ya que hemos rebajado de 100 euros a 50 euros la sanción mínima y con una sanción máxima de 600 euros, cuando la ordenanza aprobada por la FEMP contempla una sanción mínima de 750 euros, ya de por sí superior a la máxima sanción que establece la ordenanza de Palma".

Asimismo, Gijón ha vuelto rechazar que la ordenanza limite las libertades de los ciudadanos y que se actúe contra los colectivos más vulnerables "cuando precisamente en uno de los artículos se especifica que no se sancionará económicamente a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social".

Cabe destacar que la ordenanza incluye el compromiso de que en un plazo máximo de seis meses se aprobará un calendario para la redacción de unos planes específicos sobre prostitución, inclusión social de las personas desfavorecidas y reinserción social y laboral para las personas que practican la venta ambulante.