El Colegio de Abogados de Sevilla se ha dirigido al consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, haciéndoles saber que se han recibido "numerosas" quejas de letrados por la suspensión en Marchena de los juicios señalados para mayo al permanecer clausurada desde el 11 de abril la única sala de vistas de los juzgados allí ubicados tras caerse parte del techo.

El decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo, ha informado a Europa Press de que, en la comunicación elevada al consejero del ramo, se pone de relieve el "grave" perjuicio que esta situación está causando en numerosos ciudadanos y al propio funcionamiento de los juzgados de ese partido judicial, que engloba Marchena, Arahal, Paradas y parte de La Puebla de Cazalla.

Por ello, y según Gallardo, "se interesa de la Consejería la mayor premura en las obras de restauración/conservación" de la infraestructura judicial, apuntando la posibilidad de que se habiliten "con carácter de urgencia y provisionalidad" otras dependencias en las inmediaciones del edificio judicial que puedan ser utilizadas para la celebración de juicios durante el tiempo en que permanezca inutilizada la sala de vistas.

Gallardo considera "grave" que el funcionamiento de los dos juzgados de Marchena "quede paralizado" por las deficiencias arquitectónicas detectadas, por lo que reclama que se adopten medidas alternativas "para que no se suspendan más señalamientos e incluso se puedan celebrar algunos de los ya suspendidos en las próximas fechas".

De su lado, en la comunicación elevada al presidente del TSJA, los abogados le trasladan el "perjuicio" causado por el cierre de la sala de vistas, lo que ha causado "una demora considerable añadida a la que vienen ya padeciendo los procedimientos en Marchena antes del incidente".

Precisamente, el presidente del Alto Tribunal andaluz visitará el próximo lunes los juzgados de Marchena y se reunirá con los titulares de los juzgados para analizar las distintas soluciones que se puedan arbitrar para que la actividad judicial pueda retomarse en el menor tiempo posible.