La Fiscalía Anticorrupción achaca al "tándem" de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla formado por José María Sayago y José Enrique Rosendo haber realizado "operaciones societarias" que "pudieran ocultar o dificultar" las investigaciones que se desarrollan en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que instruye la juez Mercedes Alaya.

El Ministerio Público solicitó este martes para cada uno de los imputados una fianza de responsabilidad civil de 25,7 millones de euros al entender, entre otras cosas, que entre los años 2008 y 2012 habrían llevado a cabo "en connivencia con otros operaciones societarias que pudieran ocultar o dificultar las labores de investigación que se están realizando".

Según el acta de las comparecencias de ambos empresarios, consultada por Europa Press, la Fiscalía citó dentro de estas "operaciones societarias" el levantamiento del cierre del Registro Mercantil "en muchas de las sociedades que resultaron agraciadas con fondos públicos", así como "operaciones de cambio de denominación social, fusión por absorción o constitución de nuevas sociedades".

La juez Mercedes Alaya imputó a ambos empresarios tres delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, señalando que constituyeron "un numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta y el trasvase de sus fondos a otras sociedades".

Mediante estas sociedades "interpuestas", los imputados habrían posibilitado "que el grupo controlado por ambos percibiera, en connivencia con responsables de la Junta, fraccionadamente y de modo coordinado, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA".

De este modo, "el total de las ayudas concedidas ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañaran proyectos, memorias o planes de viabilidad por parte de los inculpados, ascendió nada menos que a 34 millones de euros", todo ello "por el interés ilegítimo de favorecer a ambos imputados y a su grupo de empresas por parte de la Administración autonómica".

Las ayudas no se destinaron a la promoción del empleo

Finalmente, fueron efectivamente abonados 16,9 millones de euros en ayudas, entre las que la juez destaca "por su especial concentración" las recibidas por Matadero de la Sierra Morena, que ascendieron a 7,4 millones, dice la juez, que precisa que dentro de este "tándem" sería Sayago "la persona que constantemente acudía a la Consejería de Empleo para conseguir el pago una o dos veces por semana".

"En cambio, dentro de ciertos límites, el que asumía la superior dirección del grupo era Rosendo", alega Alaya, que critica que, "a pesar de tratarse de ayudas del programa 31L de la Dirección General de Trabajo, ninguna de estas ayudas se dedicó a la promoción del empleo, pues muchas de estas empresas no tenían trabajadores y las empresas que los tenían recibieron ayudas muy desproporcionadas para el número de trabajadores que tenían contratados".

Por el contrario, añade la juez, los imputados habrían destinado el dinero de las ayudas a amortizaciones de préstamos, adquisición de activos financieros, cesión o endoso de las resoluciones de ayudas como garantía de operaciones bancarias, o a la capitalización de las sociedades del grupo "para su venta a mayor precio", como ocurrió en el caso de Matadero de Sierra Morena.

Esta empresa, según la juez, recibió 2,7 millones de euros de IDEA y 1,2 millones de Feoga antes de ser vendida por casi diez millones a Barbadillo.

La hija de viera cobró 48.189

Euros de una empresa

La magistrada enumera las subvenciones recibidas por un total de 18 empresas vinculadas al "tándem", entre ellas Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, cuyas ayudas se destinaron a la creación de una empresa de antigüedades por importe de 42.000 euros y a "desviar dinero" para el partido Alternativa Española, al que Rosendo "ordenó entre otras una transferencia por importe de 18.000 euros".

La juez destaca que, a pesar "de los escasos trabajadores que tuvo esta empresa, uno o dos al mismo tiempo", uno de ellos fue Sonia Viera, hija del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, "contratada desde abril de 2003 a mayo de 2004, llegando a cobrar en un año 48.189,45 euros como supuesta 'responsable de comunicación del grupo'".

Asimismo, Alaya indica que en esta empresa estuvo contratado Jesús Caballos, hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, que cobró 34.892,49 euros en ocho meses como director de marketing.

"Toda esta utilización de fondos públicos indiciariamente al margen del Derecho sería producto de una estrecha connivencia entre los imputados y responsables de la Administración autonómica a través de la Consejería de Empleo y el IFA, posteriormente IDEA, lo que se traduciría en un enriquecimiento personal de aquellos gracias a la acumulación de subvenciones recibidas en detrimento de los intereses generales", concluye la juez.