La Asamblea Regional ha aprobado solo con los votos a favor del PP solicitar a la consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, que comparezca en la Comisión de Sanidad para analizar la evolución y desarrollo de la Ley de Dependencia.

Esta solicitud viene motivada por una moción presentada por el PSOE, y que ha sido rechazada con los votos en contra del PP, para constituir una Comisión Especial que analice la Ley de Dependencia en la Región de Murcia.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad a la moción del PSOE porque, según ha explicado la diputada Violante Tomás, "esa información la tiene la Consejería de Sanidad y corresponde a su responsable explicar cómo se está aplicando la ley".

Además, la parlamentaria ha destacado que Murcia ocupa el séptimo lugar en el ranking de las 17 comunidades autónomas a la hora de aplicar la ley de dependencia. "Estamos por encima de la media y no se está haciendo tan mal", ha señalado la popular.

A su vez ha aportado datos como que en la Región se atienden a 27.000 dependientes y se dan 34.000 prestaciones, lo que indica que "hay personas que reciben más de una prestación y nos gustaría que se atendieran a más personas, tenemos constancia de que este año se va a conseguir eso", ha asegurado.

Por su parte, la socialista Teresa Rosique ha advertido que "desde que Rajoy llegó a la Moncloa los recortes en materia de dependencia han sido imparables y a ellos se han sumado los del Gobierno de Valcárcel".

Rosique ha advertido que más de 3.000 personas "llevan más de dos años y medio esperando las ayudas sin que el Gobierno Regional se las haya concedido todavía".

Durante su alocución, los socialistas han recordado que en la Región de Murcia hay 2.367 personas menos con prestaciones en un año "y casi 12.000 personas tienen reconocido el derecho a prestaciones y no las están recibiendo".

En este sentido, los socialistas han achacado al Gobierno Regional que están dando "un falso discurso para justificar el frenazo en seco que se le ha dado a las ayudas económicas en el entorno familiar diciendo que hay que primar los servicios cuando en Murcia no hay servicios suficientes para dar respuesta a los 12.000 personas que tienen derecho reconocido a prestación y no la perciben".