El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha aprobado una moción conjunta promovida por PSOE e IU-CA, apoyada por el PA y que ha obtenido el voto contrario del PP, y que reclama al Gobierno central que con el nuevo anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma de la Ley de Demarcación y Planta, "no lleve a efecto la eliminación de los partidos judiciales". La propuesta reclama una revisión de la propia reforma para "mantener la demarcación y planta" judicial "vinculada a los territorios, con los partidos judiciales como estructura territorial de los tribunales de instancia".

La moción examina el controvertido anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, avisando de que dicho texto, aún pendiente de todo su correspondiente trámite parlamentario, contempla la "desaparición de los partidos judiciales en favor de un tribunal provincial de instancia", extremo por cierto, como bien rememora la propuesta, que figuraba ya en un polémico estudio destinado a la reforma de la actual Ley de Demarcación y Planta.

La propuesta de los socialistas reconoce que el anteproyecto de ley admite la posibilidad de mantener "sedes desconcentradas", aunque avisa de que el espíritu general de la reforma no es otro que "la concentración en una sede de todos los efectivos judiciales", algo que los socialistas identifican con "un principio claro de recentralización".

Menos partidos judiciales

"Aplicando los criterios de la propuesta para reformar la ley de Demarcación y Planta, en la provincia de Sevilla el número de demarcaciones pasaría de las 15 actuales a cuatro al englobarse Sevilla, Sanlúcar la Mayor y Coria; Osuna, Estepa, Marchena y Morón; Carmona, Écija, Lora y Cazalla; y Dos Hermanas, Lebrija, Utrera y Alcalá de Guadaíra. Ello supondría el alejamiento de la justicia para millón y medio sevillanos, además de lesionar un derecho democrático y fundamental", avisan los socialistas señalando que una reforma de esta naturaleza implica "un considerable perjuicio para los vecinos", toda vez que "los municipios cuyos partidos judiciales se suprimen tendrán el coste añadido de la reducción de su actividad económica por el movimiento que genera en esas poblaciones la propia existencia de los juzgados".

"Centenares de funcionarios de la Administración de Justicia tendrían que trasladarse con carácter forzoso a las poblaciones donde se ubiquen las nuevas sedes judiciales o perderán sus puestos de trabajo, y ello sin contar la pérdida de los empleos indirectos que generan la implantación de las sedes judiciales en estos municipios", expone la moción, que a tal efecto reclama al Estado que renuncie a la "eliminación de los partidos judiciales" y mantenga en su reforma la demarcación y planta judicial "vinculada a los territorios, con los partidos judiciales como estructura territorial de los tribunales provinciales de instancia".

Durante el debate plenario, tanto PSOE como IU-CA y el PA han advertido del impacto de esta nueva regulación "en el mundo rural" al implicar la "desaparición" de 38 juzgados de paz y concentrar en la capital de la provincia los efectivos laborales hasta ahora distribuidos comarcalmente en los municipios cabeza de partido judicial. Igualmente, han alertado del "beneficio" que cosecha el PP, en materia electoral, ante la futura reforma de la vigente Ley de Demarcación y Planta en favor del ámbito puramente provincial.

El pp niega que desaparezcan las sedes judiciales

Eloy Carmona, por parte del PP, ha defendido el anteproyecto de Ley, explicando que el mismo expone "una nueva estructura diferente a la de los partidos judiciales, pero que mantiene las sedes existentes optimizando el funcionamiento" del sistema mediante un "reparto provincial de asuntos". Los juzgados mixtos repartidos por la provincia, según Carmona, no desaparecerán, sino que pasarán a ser "unidades judiciales dependientes del tribunal provincial de instancia", mientras los juzgados de paz "no son suprimidos" aunque sí lo sea la figura del juez de paz.

El socialista José María Villalobos, no obstante, ha leído fragmentos concretos del anteproyecto de Ley que mencionan, según recitaba, "la desaparición de los juzgados de paz" y "la concentración en una sede de todos los efectivos judiciales", en referencia a la figura del tribunal provincial de instancia. "Se eliminan los partidos judiciales", ha insistido, toda vez que Engracia Rivera, por parte de IU-CA, avisa de un intento de "control político de la judicatura" también en este anteproyecto de Ley. Eloy Carmona, por último, ha recordado que el texto tiene aún pendiente todo el trámite correspondiente al debate parlamentario, si bien el PP goza de mayoría absoluta en las cortes. La moción, finalmente, ha sido aprobada con el único voto contrario del Grupo popular.