La familia de Soledad Donoso, la joven cordobesa cuyo cadáver fue hallado junto al río Guadalquivir en la capital hace más de 21 años, ha recurrido ante la Audiencia Provincial el archivo provisional del caso propuesto por el Juzgado de Instrucción número 7, después de que la familia haya encontrado el coche que supuestamente utilizó el único imputado en los hechos, aunque la juez considera que son "meras especulaciones", mientras que la Policía apoya la investigación en dicho sentido.

Así lo han destacado en una rueda de prensa la abogada de la familia, Penélope Castejón, el criminólogo Félix Ríos y una de las hermanas de Soledad, Marta Donoso, acompañados por el portavoz de la asociación 'Lola Castilla', Rafael Castejón. Al respecto, subrayan que el sumario de la causa "no está cerrado", puesto que "queda camino por recorrer".

En este sentido, apuntan que se le han transmitido a la jueza "las posibles gestiones que situarían al imputado en el escenario" de los hechos, además del hallazgo del coche en Barcelona, de manera que se preguntan "¿qué es lo que quiere el juzgado?, si el coche del imputado está localizado", y "ni siquiera se ha pedido opinión al equipo de policía".

De este modo, la familia ha organizado una manifestación ante la Audiencia cuando se conozca la fecha de deliberación sobre el recurso de la familia, con el objetivo de que las administraciones investiguen el caso "hasta sus últimos términos", así como que depuren responsabilidades de las "irregularidades" en la causa.

Además, piden a la Fiscalía Provincial una entrevista con los familiares para conocer su postura ante el recurso planteado ante la Audiencia, al tiempo que solicitan a la Subdelegación del Gobierno otra entrevista para solicitarle que inste al Ministerio del Interior para que a través de la Policía Científica se localicen "los cabellos extraviados" que estaban en el laboratorio de Policía Científica en Sevilla, o en su defecto, dicte una resolución administrativa que "deje constancia de su pérdida y depure responsabilidades administrativas de los responsables de su custodia".

Igualmente, piden que se pronuncie en los mismos términos en lo referido a la pérdida del reloj de la víctima en el año 1992 del cajón de la mesa de un agente judicial, así como el mechero decomisado en el escenario del crimen y que "no aparece en el depósito de pruebas del juzgado".

Al hilo de ello, el criminólogo considera que la decisión de la jueza se puede deber a "la falta de información o interpretación", de modo que "no le ha dado el interés a la línea de trabajo", o, agrega, "a lo mejor el caso se ha convertido en un marrón porque hay pruebas que se han perdido, y llega el momento en el que lo más cómodo para la administración es que el caso esté metido en un cajón".

Mientras, la letrada manifiesta que cada vez que buscan encuentran y "siempre hay una irregularidad", de manera que, a su juicio, "resulta muy incomodo que salga una respuesta del juzgado que tenga que ser siempre en el sentido de que se ha perdido, no se encuentra o no sabemos lo que ha sucedido", a lo que añade que "siempre han sido preguntas embarazosas para el juzgado", y ante ello se han dado "respuestas evasivas".

Así, cree que "lo más normal es que no quieran seguir adelante, porque con tantas preguntas sin respuestas y pruebas perdidas no les gustaría que siguiéramos pensando que los trabajos que se realizaron en su época hayan sido sobre todo imprudentes", motivo por el que declara que "el juzgado ha querido cerrar su investigación". En caso de que se archivara de manera provisional, indican que tienen hasta el año 2021 para volver a pedir una reapertura, aunque esperan que "no se tenga que llegar a ello" y continúe abierto, apostillan.

La familia, "INDIGNADA"

Por su parte, la hermana de Soledad, Marta Donoso, ha relatado que tras la decisión de la jueza la familia se siente "totalmente indignada y con mucha rabia", puesto que se ha vuelto "a lo que se hizo hace 20 años", dado que "se presentan las pruebas a la juez y se para, y no sabemos el motivo".

Así, la familia pide que "siga la investigación", porque hay unos cinco testigos con respecto al vehículo de los hechos, marca Golf del año 1991, en el que supuestamente se montó la joven momentos antes, según han asegurado los testigos que han llevado a la Policía Nacional a investigar varios automóviles y tomar más de 20 declaraciones, sin hallar vinculación con el suceso, aunque la familia lo ha localizado tras sus gestiones y difusión en los medios desde abril del año pasado.

Además, se ha investigado la llamada en la que se informaba sobre la supuesta implicación de determinados agentes policiales en un posible encubrimiento de pruebas que apuntaban a R.C.G., imputado en el crimen de la joven, pero sin resultados, al tiempo que recuerdan que el encausado es sobrino de un policía que en esa época estaba en activo.

En concreto, una persona llamó desde una cabina a un teléfono habilitado por la familia para recoger pistas. En esa llamada —efectuada en abril del año pasado— aportó nombres, apellidos y datos policiales de los agentes que pudieran estar implicados. "Ellos se encargaron de hacerlo desaparecer todo", según figura en la transcripción que obra en poder del juzgado, si bien comentan que les han explicado que las responsabilidades de los policías en caso de que las hubiera "estarían extinguidas".

Y sobre los restos de cabello que se encontraron en la escena y que se remitieron a la Policía Científica en Sevilla tras producirse el suceso y "el Juzgado dio orden expresa de que no se destruyeran porque era un caso sin resolver", el criminólogo ya detalló el pasado septiembre que "cuando se reabrió el procedimiento", en 2012, "la jueza ordenó al laboratorio de Sevilla que localizara los restos y extrajera ADN, pero la respuesta del laboratorio es que han pasado 20 años, que se habían mudado y no saben dónde están".

Cabe destacar que R.C.G., que no fue interrogado en su día ni por la Policía Nacional ni por el juzgado, declaró ante la jueza en abril del año pasado y negó cualquier tipo de implicación en el caso.

Soledad Donoso Toscano, de 18 años, salió de su casa en la plaza de San Pedro para ir a trabajar a una pizzería de la avenida de Barcelona en la tarde del 28 de septiembre de 1992, pero nunca llegó a su destino. Su cuerpo se encontró 14 días después en El Arenal, en proceso de descomposición, después de que un paseante avisara al 091.