El presidente del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Gijón, Luis Alfredo Fernández(CSI), ha acusado este miércoles al ex presidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, de mentir acerca de la supervisión por parte de los trabajadores de las obras de ampliación portuaria, en tela de juicio actualmente tras la denuncia de supuestas irregularidades por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

"Ningún trabajador sujeto a convenio hizo esas labores, había una empresa contratada, la UTE Cabo Torres", ha apuntado tras la reunión mantenida en el Consistorio con el portavoz del Grupo Municipal de IU-LV en el Ayuntamiento de Gijón, Jorge Espina, en la que han alertado también del "deterioro" de la plantilla al no cumplirse las contrataciones fijadas en el Plan de Empresa.

Fernández ha incidido en que el Comité tiene "muchas dudas" sobre si fue contratada por el Puerto o por Dique Torres. Si fue esto último, ha ironizado con que es "como meter a la zorra a cuidar de las gallinas".

Asimismo, ha dejado claro que la ampliación de El Musel es un bien para Gijon, pero ha remarcado que "si hubo errores y hubo fallos, que no se nos achaque a los trabajadores". "Nos vamos a defender y no vamos a ser paganinis", ha apuntado respecto al informe de la OLAF, cuyo contenido no conocen pero lo van a solicitar.

"deterioro" de la plantilla

Sobre el personal, ha indicado que desde 2009 hasta hoy se ha perdido un 20 por ciento de la plantilla, mientras que el sueldo está por debajo de las tablas salariales de 2008. Según Fernández, el salario que les están "robando" queda en la Autoridad Portuaria "y por ahí tampoco pasamos", ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado que en el caso de la Policía Portuaria, el Puerto rechaza convocar las cinco plazas fijadas en el Plan de Empresa al argumentar que ya prescribieron al pasar más de tres años, pero sí va a convocar, en cambio, las de responsable de Conservación y la de técnico de Medio Ambiente.

El representante sindical, que ha defendido la necesidad de esas cinco plazas, ha incidido en que en los contratos relevo, a excepción de una persona que han hecho indefinida, se está despidiendo a los trabajadores una vez que los empleados a los que relevan pasan a la edad ordinaria de jubilación, a los 65 años. De 22 contratos-relevo en la Policía Portuaria, solo uno quedó indefinido, cuando a su juicio deberían ser todos.

"Por ahí no pasamos, queremos que sean los 22, no solo uno", ha indicado, antes de recalcar que la misma situación afecta a más personal portuario, ya que hasta el 31 de diciembre de 2018 son unos 36 trabajadores los que se pueden acoger a la modalidad de contrato-relevo.

También ha alertado acerca de la situación en la oficina de Control de Contratas, donde debería haber dos encargados, cuatro jefes de equipo y dos oficiales, y solo hay tres trabajadores, y de estos uno se va a jubilar. "Ese servicio se está deteriorando a pasos agigantados", ha apuntado.

Por todo ello, ha explicado que el Comité de Empresa, en el que están presentes CSI, UGT, CCOO y el Sindicato de Policía Portuaria, han acordado por unanimidad llevar el tema de la plantilla a todos los grupos políticos, a lo que ha añadido que "todos nos dan la razón". De hecho, no descartan llevar el caso a los tribunales para reclamar las plazas comprometidas.

El próximo martes decidirán las acciones a llevar a cabo, entre las que está el solicitar reunirse con los consejeros del Puerto. Además, han acordado que en la próxima reunión del Consejo de Administración de El Musel se manifestarán con una pancarta bajo el lema 'Autoridad Portuaria precariza. ERE encubierto'.

Que pague quien lo hizo

Por parte de Espina, el portavoz de IU-LV ha recalcado que si es verdad que existieron irregularidades en el cobro de subvenciones europeas tal como recoge el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que las pague quien las hizo, pero no los trabajadores.

Unido a ello, ha insistido en que en ningún caso personal portuario tuvo nada que ver con control de las obras y su calidad, por lo que ha instado a que "nadie quiera escurrir el bulto" y trasladar la responsabilidad a los trabajadores.